Bernardo Alejandro Guerra Hoyos dice que está convencido tanto de la existencia de las falsas Viviendas de Interés Prioritario como de la responsabilidad de funcionarios y exfuncionarios de la Curaduría Cuarta en gran parte de las irregularidades que rodean el fenómeno. La afirmación la hizo en carta de respuesta a la curadora Cuarta de Medellín, Gloria Inés Tobón Gutiérrez.
Guerra Hoyos expresó en el documento que todas sus manifestaciones sobre el tema han estado respaldadas en elementos fácticos y jurídicos debidamente conocidos por las autoridades judiciales. En su carta aseveró que, conscientemente, se han omitido muchos posibles mecanismos de verificación de requisitos que hubieran podido evitar la proliferación de las falsas Viviendas de Interés Prioritario. Dichos mecanismos, sólo por hacer mediana alusión, tienen relación con la verificación del cumplimiento de la razón de ser de la Vivienda de Interés Prioritario y del valor del suelo, como reiteradamente lo ha señalado tanto el Isvimed como el Departamento Administrativo de Planeación, justamente durante el desarrollo del control político.
Para ilustración estos criterios recomendó la lectura del Artículo 76 del Decreto 1469 de 2010, el cual hace alusión a la obligación de los curadores de verificar la concordancia de los proyectos a las normas urbanísticas.
El Corporado solicitó, además, a la Administración Municipal agilizar el nombramiento de los curadores para evitar irregularidades como los que se vienen cometiendo desde la Curaduría Cuarta, donde, según información que le ha sido entregada, no se pagan salarios a los empleados y se les retribuye con comisiones del 25 por ciento sobre las expensas pagadas al curador.
Guerra Hoyos anunció que solicitará a la plenaria del Concejo un espacio para realizar un debate en torno a las numerosas irregularidades que se vienen denunciando sobre las actividades de esta Curaduría.
