El concejal de Medellín, Yefferson Miranda, estudia la posibilidad de instaurar una denuncia penal contra el concejal Bernardo Alejandro Guerra, fundamentada en la decisión de la Procuraduría de archivar el proceso adelantado en contra del Corporado de la Alianza Verde, accionado por el Concejal del Partido Liberal, quien afirmó que Miranda favoreció a su padre al votar positivo el Proyecto de Acuerdo de beneficios tributarios.
“Existe temeridad, mala fe y ánimo de hacer incurrir en error a la Procuraduría General de la Nación para destituirme. Y esto, según la ley colombiana, nos obliga a estudiar si se pudo configurar un delito denominado “Fraude Procesal”, habida cuenta que el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos adjuntó de manera dolosa a la denuncia disciplinaria ante la Procuraduría un Certificado de Existencia y Representación no actualizado (2011) para hacerle creer a el ente investigador que mi papá, Saúl Miranda Tapias, era socio de Promotora Amiga S.A.S. en el momento en que voté el Proyecto de Acuerdo de Exenciones Tributarias”, afirmó Yefferson Miranda.
Ante la información entregada por Guerra, Miranda solicitó a la Procuraduría General de la Nación ser escuchado en la diligencia de versión libre con la finalidad de explicar la actuación como servidor público, sin esperar que el ente disciplinario lo llamara a realizar su defensa.
El Corporado presentó como argumentos que su padre Saúl Miranda Tapias no tenía ningún vínculo comercial, ni laboral con la sociedad Promotora Amiga S.A.S. en el momento en que votó en comisión el Proyecto de Acuerdo, como sustento entregó el certificado de Cámara de Comercio que demuestra que desde el 26 de agosto su padre no tenía ningún vínculo con la sociedad.
Además, se acreditó que el inmueble relacionado por el concejal Guerra en su denuncia, fue enajenado desde el veinte (20) de agosto de 2012 y registrado el veintitrés (23) de agosto de 2013, mucho antes de la radicación del Proyecto de Acuerdo que fue el 28 de noviembre de 2013.
Otro de los argumentos entregados por Miranda a la Procuraduría es que no existía conflicto de intereses, así su padre se dedicara a la construcción de viviendas de interés prioritario, situaciones que en anteriores ocasiones ha estudiado la Jurisprudencia del Consejo de Estado y reiterada por las decisiones de la misma Procuraduría General de la Nación.
Antes de la Presentación del Proyecto de Acuerdo que creaba las exenciones tributarias, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, se declaró impedido porque se beneficiaría la Cooperativa Colanta y, un familiar suyo hacía parte de su junta directiva. Un día antes de radicado el Proyecto la Procuraduría señaló: “No se le acepta impedimento a pesar de tener un pariente en primer grado de consaguinidad como parte de la Junta Directiva de Colanta porque el Proyecto de Acuerdo no estaba diseñado para favorecer a alguien en particular”.
En el auto de terminación de la actuación y archivo definitivo de la denuncia de Bernardo Alejandro Guerra, la Procuraduría advierte que le asiste la razón a Yefferson Miranda Bustamante porque no existe conflicto de intereses:
“El padre no era socio de Promotora Amiga sustentado en el último certificado citado impreso por la Cámara de Comercio el veinte (20) de marzo de 2014 donde se evidencia que Saúl Miranda Tapias no era socio, Gerente, Suplente o Representante Legal de dicha empresa. Se evidencia que el concejal Guerra adjuntó un certificado desactualizado para sustentar su denuncia temeraria con la finalidad de hacer incurrir en error a la Procuraduría.
