La Asociación de Concejos de las Ciudades Capitales de Colombia le pide al Gobierno Nacional evitar el cobro del IVA al 80% de los productos de la canasta familiar, previsto en la Ley de Financiamiento. Como la inmensa mayoría de sectores sociales, económicos y políticos del País, los presidentes de los concejos asociados ven que, inevitablemente, el cuestionado Impuesto afectará el consumo de los más pobres y los ingresos de las clases medias del País. Consideran que éste es un momento inconveniente, tanto contra el bienestar de los ciudadanos como por la lesividad para las economías agrícolas regionales que rodean a las ciudades capitales.
Los concejales asociados esgrimen el agravante de la incertidumbre de la capacidad del Estado de devolverles a cerca de 4,3 millones de los más pobres de Colombia, 51.300 pesos mensuales en compensación. Esta inseguridad pondrá en riesgo la ingesta de alimentos de los ciudadanos de menores ingresos
Los presidentes de los concejos de Medellín, Cartagena, Pereira, Bucaramanga y Manizales –que suscribieron el documento de rechazo al IVA en la mayoría de productos de la canasta familiar, aunque no al Proyecto de Ley de Financiamiento en su integridad- agregan que, según los datos del DANE, es evidente el envejecimiento de la población, la disminución del número de niños y el aumento de la jefatura femenina del hogar. Cualquier aumento brusco de los impuestos a estos ciudadanos que lograron alguna mejoría en sus ingresos y en su patrimonio, significaría la vuelta a la pobreza, la vulnerabilidad y, en algunos casos, la exclusión.
Recuerdan que la clase media no está en capacidad de recibir un nuevo golpe tributario, como el producido por la Ley 1819 de 2016 o Reforma Tributaria Estructural del gobierno de Juan Manuel Santos.
La Asociación de Concejos de las Ciudades Capitales de Colombia –de la que hace parte la presidente del Concejo de Medellín, Aura Marleny Arcila Giraldo- recomienda ejercer una presión fiscal progresiva a las personas jurídicas y naturales de mayores ingresos, que deben solidarizarse con un sistema económico profundamente inequitativo en el que ellas son las grandes ganadoras. Precisa que sólo será posible aumentar el recaudo en esta Reforma con presión a las fortunas y dividendos de un puñado de compañías privilegiadas, sin afectar a las MIPYMES.
Los concejales de las ciudades capitales exigen que se acelere la deducibilidad del Impuesto de Industria y Comercio, que la DIAN cree una división de apoyo a la fiscalización del ICA con intercambio de información en línea y que se lleve a cabo un programa serio de fortalecimiento institucional de los organismos de control y fiscalización locales.
La Asociación de Concejales de las Ciudades Capitales entiende que para enfrentar el desfinanciamiento estructural del presupuesto público del País, debe haber aumento de ingresos pero, también, debe haber medidas drásticas de reducción de gastos.
Además de las exigencias al Gobierno Nacional para evitar la regresión que afecte a los más pobres, la Asociación le pide al Congreso de la República responsabilidad en la búsqueda de salidas diferentes a endeudar más el País para financiar faltantes, porque ello lleva a la pérdida del grado de inversión, al aumento de la devaluación y al empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.
