El Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia confirmó la condena contra Metrosalud, proferida en primera instancia por el Juzgado 28 Administrativo de Medellín, por la negligencia de las directivas de la entidad que permitieron la continuidad del contrato de arrendamiento con la Cooperativa Consumo, de un inmueble de 600 metros cuadrados aledaño al Hospital Infantil Concejo de Medellín, por un valor mensual de 75.910 pesos.
La justicia administrativa declaró que en la ejecución de este contrato, celebrado en el año 1973 con un incremento irrisorio en el canon, se vulneraron los derechos colectivos a la moralidad pública, patrimonio público, acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la seguridad y la salubridad pública y los derechos de los consumidores y usuarios por parte de la ESE Metrosalud, porque el precio que se continuaba pagando por el canon era insignificante frente a los gastos en los que incurría la entidad para el sostenimiento del inmueble, situación que impidió que ejecutara obras de ampliación y mejoramiento de su infraestructura.
Según la justicia, no fueron suficientes los actos que de manera tardía llevaron a cabo las directivas de la entidad, entre ellas su ex gerente Ligia Amparo Torres Acevedo y su directora del Área Jurídica, Sandra María Henríquez, razón por la cual se ordenó la remisión de copias del expediente a la Procuraduría y a la Fiscalía para que estas entidades determinen la eventual responsabilidad fiscal y disciplinaria por presunto detrimento patrimonial generado por la omisión de estas funcionarias.
Por su parte, el Contralor General de Medellín anunció que las investigaciones en cuanto a la responsabilidad fiscal vienen adelantándose en el mismo sentido de obtener fallo condenatorio frente a las ex directivas de Metrosalud, y que levantó los fenecimientos de términos para poder continuar con estas y otras investigaciones.
Los concejales Carlos Ballesteros y Bernardo Alejandro Guerra, actores en la demanda que concluye con fallo condenatorio, solicitaron a la Personería de Medellín que se pronuncie en el mismo sentido en el aspecto disciplinario, luego de transcurridos más de 20 meses desde la denuncia por este caso y el del Centro de Salud de El Poblado, donde también fue alquilado parte del inmueble a una clínica particular para prácticas de cirugías estéticas.
