El abogado Carlos Roldán, autor de la tesis “Capacidad técnica para contratar de los municipios como herramienta para prevenir la corrupción”, siente que la Consulta Popular Anticorrupción, que habrá de realizarse el 26 de agosto, nace deslegitimada por haber sido liderada por la senadora Claudia López en plena campaña suya a la Vicepresidencia de la República y de su compañera Angélica Lozano al Senado.
Pero, especialmente, la cree insulsa porque de siete puntos de la Consulta, cinco ya hacen parte del Ordenamiento Jurídico colombiano; el de la reducción de salarios a los congresistas está más relacionado con el resentimiento social que busca equidad por lo bajo y no por lo alto, adémás que va en contravía de la necesidad que el Congreso de la República esté ocupado por los más idóneos; y el punto relacionado con la reducción de períodos en el Congreso a tres, nada tiene que ver con la corrupción.
