Agencia Virtual de Prensa –AVP-. La representante a la Cámara, Regina Zuluaga, hizo un reconocimiento a la integración de esfuerzos de las administraciones del suroriente de Antioquia para combatir la presencia del microtráfico, especialmente entre los alcaldes de La Ceja, La Unión y Sonsón. Pero lamentó que sean muchos los territorios colombianos donde la delincuencia ha llegado a todas las esferas, inclusive hasta los niños, niñas y jóvenes en sus instituciones educativas, por falta de políticas públicas de seguridad.
“La presencia del microtráfico habla de la falta de acompañamiento del Estado y evidencia un gran problema de todas las subregiones antioqueñas. Estamos viendo cómo las instituciones están siendo permeadas. Por los escándalos que son visibles en todas las esferas sociales nacionales e internacionales y por los problemas micro que están destruyendo nuestra sociedad desde las entrañas de nuestros barrios y nuestros colegios, estamos reclamándole al Gobierno una política pública contra el microtráfico, porque el problema se nos está agrandando por falta de articulación entre las diferentes instituciones facultadas para enfrentarlo de manera efectiva”, manifestó la Representante de Centro Democrática.
Regina Zuluaga Henao llamó la atención sobre cómo la impunidad va haciendo carrera debido a la falta de articulación de las acciones de la policía, la fiscalía y la administración de justicia.
“Es comprensible que los frecuentes errores de procedimiento en las capturas permitan que delincuentes reconocidos y aprehendidos en flagrancia sean dejados en libertad para que sigan delinquiendo. Por eso las políticas públicas deben ir encaminadas a fortalecer el sistema policivo, acusatorio y judicial integralmente, para cerrar la puerta en todo el proceso a que la impunidad se siga burlando de los colombianos”, precisó Zuluaga Henao.
La Congresista antioqueña afirmó que el Estado colombiano no puede seguir dándole largas a una política criminal y carcelaria que castigue efectivamente, por un lado, y que garantice una verdadera resocialización, por el otro.
Su preocupación consiste en que no basta con que haya más condenas justas sino que se necesitan más cárceles y en mejores condiciones para que los condenados puedan pagar sus penas con dignidad, con la probabilidad mayor de que sean rehabilitados para que vuelvan a reincorporarse a la sociedad como colombianos de bien y no sean regresados a las calles como delincuentes resentidos y profesionales.
