Mediante Auto 352, la Contraloría General de Medellín hizo apertura de un proceso de presunta responsabilidad fiscal contra Aníbal Gaviria Correa, Juan Esteban Calle Restrepo, Alberto Arroyave Lema, Andrés Bernal Correa, Beatriz Restrepo Gallego, Gabriel Ricardo Maya, Luis Fernando Arbeláez Sierra, Manuel Santiago Mejía, Rubén Fernández Andrade e Hidroecológica del Teribe S.A., representada por Esteban Barrientos Moreno. Como garante aparece Seguros Generales Suramericana S.A.
El hecho investigado por la Contraloría se refiere a presuntos sobrecostos generados durante la etapa de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Bonyic – Panamá, por medio de la filial Hidroecológica del Teribe, causados por un supuesto inadecuado control societario por parte de la Junta Directiva de EPM.
La cuantía del presunto detrimento es de 198.619,959.767 pesos.
Tras analizar el presupuesto de la obra para los años 2003, 2007, 2008, 2011 y 2013, años en los cuales se ejecutaron las etapas de prefactibilidad, factibilidad, diseño y construcción de la misma, el grupo auditor de la Contraloría General de Medellín encontró que “la asignación de recursos destinada por EPM para la generación de 30 Megavatios (MW) en 2003, era de 50 millones de dólares, sin embargo, se terminó en el año 2015 con unas erogaciones de 314 millones de dólares para la construcción de 31.8 MW, es decir, que se invirtió cinco veces más de lo que se había proyectado inicialmente (528%)”.
Según la información anterior entregada por el Grupo Auditor de la Contraloría, el MW instalado pasó de 1.7 millones de dólares a 9.8 millones de dólares, “cifras estas que por sí solas demuestran la falta de control y seguimiento riguroso por parte de la administración en este proyecto, toda vez que si bien esgrimen problemas climáticos, sociales, demora en el otorgamiento de permisos, cambio de diseños, inconvenientes con contratistas iniciales, hay que anotar que por falta de gestión de la administración, dichos riesgos se materializan”.
El equipo auditor agrega que “el costo del Proyecto Bonyic se incrementó en más de cinco veces, mientras el precio de venta de energía sólo lo hizo en 1.4 veces, situaciones estas que han generado que la tasa interna de retorno haya involucionado, al pasar de cifras cercanas del 10% al 4%, con el agravante que el valor presente neto del proyecto se proyecta en un valor negativo de 194 millones de dólares”.
El informe de la Contraloría señala que las obras civiles fueron las que mayor crecimiento presentaron, pasando de 20 millones de dólares en 2003 a una ejecución real de 188 millones de dólares en 2015. El mayor crecimiento fue seguido de Ingeniería y Administración, el cual empezó alrededor de los siete millones de dólares y terminó superando los 58 millones de dólares.
Específicamente –dice el Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal- que el contrato de administración delegada, celebrado entre la HET y Conconcreto Internacional S.A., tuvo un incremento de 240% en las obras y de 246% en honorarios. Adicionalmente –continúa- con Integral se firmaron y ejecutaron dos contratos, los cuales presentaron incrementos significativos en valores: 482% y 465%.
El Auto 352 de la Contraloría General de Medellín precisa que la Junta Directiva de EPM dejó de ejercer control sobre 51.555,319 de dólares, cifra que corresponde a la sumatoria de los ajustes injustificados de 2013, la diferencia de ejecución reportada por Conconcreto y la HET de los años 2011, 2012 y 2013 y la diferencia del presupuesto registrada en actas durante 2011 y 2013. Esto equivale a 198.619,959.767 pesos.
El Auto de la Contraloría General de Medellín concluye que el presunto daño patrimonial a EPM se determina por el hecho de haberse vulnerado el principio de eficacia previsto en el Decreto Ley 403 de 2020, por falta de controles a la inversión realizada al proyecto Bonyic – Panamá, lo cual causó que un total de 51.555,319 dólares no fueran destinados directa ni indirectamente por Hidroecológica del Teribe en la construcción de la Central Hidroeléctrica.
En consecuencia, resuelve ordenar la apertura del proceso ordinario de responsabilidad fiscal y vincular como presuntos responsables a Aníbal Gaviria Correa, hoy gobernador de Antioquia y Alcalde de Medellín y Presidente de la Junta Directiva de EPM entre 2012 y 2015; Juan Esteban Calle Restrepo, hoy presidente de Cementos Argos y Gerente de EPM entre 2012 y 2015; Alberto Arroyave Lema y Luis Fernando Arbeláez Sierra, miembros de la Junta Directiva de EPM, entre 2008 y 2015; Andrés Bernal Correa, Manuel Santiago Mejía y Beatriz Restrepo Gallego, miembros de la Junta Directiva de EPM, entre 2012 y 2015; además de Gabriel Ricardo Maya, Rubén Fernández Andrade y la Hidroecológica Teribe S.A.
