La Contraloría General de la República les imputó cargos a 28 personas por su presunta responsabilidad fiscal en las irregularidades en la contratación y ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, que generaron un detrimento de 4.1 billones de pesos. Entre ellas se encuentran los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama y Luis Alfredo Ramos Botero, el actual gobernador Aníbal Gaviria Correa, y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo.

Según el vicecontralor General de la República, Julián Mauricio Ruiz, la Entidad sindica a Sergio Fajardo de acciones y omisiones al no cumplir con todas las responsabilidades que tenía frente al Proyecto Hidroituango, como miembro de la Junta Directiva. También, por omitir su deber de cuidar la obra.

Respecto de Luis Alfredo Ramos, dijo que deberá responder por omisión en la falta de cuidado en el Megaproyecto hidroeléctrico.

El gobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, también fue imputado por presunta omisión en su deber de cuidado sobre Hidroituango.

Objeto de imputación fiscal fueron también la exsecretaria de Planeación Departamental, María Eugenia Ramos Villa, y el exsecretario de Infraestructura Departamental, Rafael Andrés Nanclares Ospina.

También deberán responder el Consorcio Túneles Ituango, que fue el que construyó las Galerías Auxiliares de Desviación –GAD-, el Consorcio Ingetec, interventor de la Obra y el Consorcio Generación Ituango, diseñador y asesor del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

La Contraloría General de la República abrió la investigación fiscal en noviembre de 2019 por un posible detrimento de 4.1 billones de pesos, de los cuales 1.1 billones hacen parte de lucro cesante y 2,9 billones de pesos por la destrucción de bienes del Proyecto y pago de mayores valores que no estaban justificados.

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El Órgano de control fiscal explicó que una de las irregularidades que produjo el presunto detrimento fue el plan de aceleración que llevó a la construcción de una tercera GAD. Supuestamente, con esta decisión, EPM se apartó de los diseños originales y de la recomendación de su Junta de Asesores, aumentando el riesgo del Proyecto.

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La construcción y puesta en marcha de la tercera galería auxiliar fue lo que debilitó la estructura del Proyecto, lo cual terminó con el colapso del 28 de abril de 2018, generando la contingencia que obligó a parar la obra, con los consecuentes daño emergente y lucro cesante, cuantificados por la Contraloría en 4.1 billones de pesos. Sin embargo, EPM los cuantificó en 9.9 billones, cantidad por la cual entabló los medios de control administrativos de controversias contractuales y reparación directa en contra de diseñadores, constructores, interventores y aseguradoras del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

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La Contraloría recordó que el taponamiento de los túneles llevó a desviar el caudal del río Cauca por la Casa de Máquinas, decisión que ocasionó daños en la infraestructura, en equipos, además de afectaciones ambientales y sociales de las poblaciones ubicadas rio debajo de la Presa.

Las imputaciones por presunta responsabilidad fiscal por las mayores inversiones hechas por falta de planeación, ejecución y seguimiento del Proyecto, alcanzan a los exgerentes de EPM, Federico Restrepo Posada y Juan Esteban Calle Restrepo; los exgerentes de IDEA, Álvaro Vásquez Osorio e Iván Mauricio Pérez; los exmiembros de la Junta Directiva de Hidroituango, Álvaro Julián Villegas, Sergio Betancur Palacio y Ana Cristina Moreno Palacios; y los funcionarios del IDEA, Alejandro Granda Zapata y Jorge Mario Pérez Gallón. También deben responder como gerentes de Hidroituango Luis Guillermo Gómez Atehortúa, John Alberto Maya Salazar y el gerente de EPM-Hidroituango, Luis Javier Vélez Duque.