El representante a la Cámara, León Fredy Muñoz, recibe con agrado la decisión de la Contraloría General de la República de imputarles cargos a 28 personas, entre las que se encuentran los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, el actual gobernador Aníbal Gaviria, y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, por su presunta responsabilidad fiscal en las irregularidades en la contratación y ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Ituango –Hidroituango-. Recuerda el debate de control político adelantado en el Congreso de la República en 2018, en el que se denunciaron todas las irregularidades en cuanto a contratación y ejecución de la obra.
León Fredy Muñoz recuerda con especial interés el contrato de aceleración que se firmó el 23 de diciembre de 2015, a ocho días de que se terminaran los gobiernos de Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria, además de la gerencia en EPM de Federico Restrepo Posada.
“Un contrato de aceleración que fue el inicio del desastre que se produjo en Hidroituango en 2018. Hubo un cambio de diseños, un cambio estructural e inicio de obras sin la licencia de la Autoridad Nacional Ambiental… Mejor dicho: hicieron todo lo que había que hacer para que ese proyecto colapsara”, explica en Sinergia Informativa el Representante por el Partido Alianza Verde, quien agrega que también tienen que responder los constructores.
El Representante antioqueño señala que esta imputación de cargos les da la razón a Daniel Quintero y a Álvaro Guillermo Rendón, presidente de la Junta Directiva de EPM y gerente General de EPM, respectivamente, quienes se apresuraron a evitar la caducidad procesal, interponiendo los medios de control administrativos de Controversias Contractuales y Reparación Directa en contra de los diseñadores, constructores, interventores y aseguradoras de Hidroituango.
“Si Daniel Quintero no hubiera hecho la demanda, yo lo hubiera denunciado a él. Porque esa era su responsabilidad. Él lo que hizo fue actuar en derecho”, asegura.
León Fredy Muñoz afirma que todos los detractores que buscan la revocatoria de Daniel Quintero -que utilizaron el pretexto de la demanda por 9.9 billones de pesos contra quienes hoy también hacen parte de la investigación de la Contraloría- deben darle la razón y quedarse callados.
Respecto de los miembros de la Junta Directiva de EPM que renunciaron colectiva e intempestivamente, en reacción a la demanda interpuesta contra los contratistas de Hidroituango, el Representante de la Alianza Verde igual les dice que deben quedarse callados, darles la razón al Alcalde de Medellín y al Gerente de EPM y responder por lo que a ellos les corresponde.
“Hay cinco miembros de esa Junta dimitente que sabían todo lo que la Contraloría ahora investiga. Deben responder”, sentencia León Fredy Muñoz.
