Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
Aunque no es discutible que la corrupción es una constante en nuestro país, como quiera que casi a diario se nos ofrecen noticias sobre este fenómeno, ya endémico, y que ofrecer soluciones no resulta nada sencillo, porque los mismos sugieren siempre las mismas soluciones: cárcel y más cárcel para los corruptos e inhabilidades de por vida para ser funcionario público o contratar con el Estado, la semana pasada se crisparon los ánimos a raíz de la captura por corrupción en su propio despacho nada más y nada menos que del director nacional de la unidad anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, porque según la información que se conoce, le había pedido dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, a cambio de darle información relacionada con la investigación que le adelanta la fiscalía, también por corrupción, y para inundar de trabajo a los investigadores para que no llegaran dónde tenían que llegar en la misma. Es de público conocimiento que se reunió con Lyons en Miami y que allí recibió de éste 10.000 dólares, que previamente le había entregado la DEA, porque el exgobernador pasó a engrosar la lista del cartel de los sapos; el ilícito proceder fue grabado y filmado para que no quedaran dudas.
De Moreno Rivera se hablan bellezas en el campo académico: abogado, con especialización, dos maestrías, un doctorado que estaba cursando y profesor en varias universidades en Bogotá, a más de haber apoderado varias casos de resonancia nacional; pero de sus relaciones con algunos magistrados, verdaderos maestros, no del derecho, sino para manejar intrigas y hacerse mediante recomendaciones a los mejores y más altos cargos de la rama jurisdiccional en Colombia, y de relaciones con algunos políticos con cercanías en la judicatura, también se hablan bellezas, y al parecer fueron estas últimas, sin demeritar sus capacidades, que las debe tener, las que lo llevaron al cargo; ahora anda todo el mundo pidiéndole al fiscal general que haga público la persona o personas que se le recomendaron. Este grave hecho ha llevado a la opinión pública a acrecentar su desconfianza y su imagen desfavorable frente a la justicia, y es entendible, pero ello no puede dar lugar a creer, mientras no se tengan evidencias, que la mayoría de los funcionarios adoptan igual comportamiento, es una inmensa minoría, lo que sucede es que hace muchos estragos. Más grave, porque los hechos así lo demuestran, es el fenómeno de la corrupción en la administración pública, en donde la cantidad de investigaciones contra alcaldes y gobernadores, especialmente contra los primeros, es verdaderamente alarmante. Pero de ello habría mucho por decir y no terminaríamos, a lo que se debe abrir la discusión es frente a las soluciones para, como lo he dicho aquí en varias oportunidades, “reducir la corrupción a sus justas proporciones” (acabarla por completo es una utopía), lo que también es terreno fértil para dar cabida a un listado de soluciones que se haría interminable. Quitarle las funciones electorales a las cortes; que pasar la prueba de un polígrafo no sea suficiente razón para acceder a un alto cargo en la rama judicial; que sean la trayectoria académica, profesional y moral las únicas credenciales para ocuparlo; aunque tienen fama de ganar mucho, algunos cargos deben ser mejor remunerados, sí se exigen altas calidades de todo tipo, debe haber correspondencia en la remuneración; la decana de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes y ex candidata a la Corte Constitucional, Catalina Botero, propone, por ejemplo, que los candidatos a esa corte propuestos por el presidente, y yo diría por los demás entes que tienen este función, no sean ternas, sino candidatos únicos, para que no suceda lo que todos conocemos: que no eligen al mejor, sino al que más amigos tenga en el senado; siendo un solo candidato este puede ser escrutado profundamente y así se garantizaría una buena elección, en la medida, claro está, que el candidato de la medida, y en fin, puede haber otras alternativas para alivianar en algo tan preocupante problema, porque si quien tiene que aplicar la ley se corrompe, apague y vámonos. Lo que sí es seguro es que en el incremento de penas no está la solución.
