La decisión de la Corte Constitucional que deja sin efectos 12 decretos de la segunda declaratoria de Emergencia Social, Económica y Ecológica del pasado mes de enero, es muy sensata. “Teníamos razón quienes manifestamos en su momento que el Gobierno Nacional estaba improvisando, que no tenía una justificación clara y suficiente para extender la declaratoria de Emergencia Social”, afirma el “econcejal” de Medellín, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán.
Demasiada preocupación había generado en el Concejo el Decreto Legislativo 141 del 21 de enero de 2011, por la inminente modificación de varios artículos de la Ley 99 de 1993, por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organizó el Sistema Nacional Ambiental –SINA-. “Decreto claramente inconstitucional porque violó la competencia legislativa del Congreso de la República, modificando no sólo la Ley 99 sino cambiando materialmente la Constitución Política”, precisa el “econcejal” Echeverri Alvarán.
El Coordinador de la Bancada Conservadora del Concejo de Medellín celebra la decisión del Alto Tribunal, en tanto ya había presentado la queja sobre los efectos negativos de los decretos de Emergencia Social, Económica y Ecológica: a corto plazo, en la recuperación ambiental del territorio nacional y, a mediano y largo plazo, generando traumatismos en la gestión ambiental y afectando los derechos colectivos y del medio ambiente, sin dejar de lado los efectos económicos y sociales que este proceso de ajuste institucional generaría.
Nicolás Albeiro Echeverri agradece, igualmente, que los ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y del Interior y de Justicia puedan seguir realizando programas y proyectos de gestión ambiental para la prevención de desastres, permitiendo que se lleven a cabo coordinadamente las actividades de las entidades del SINA y del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.
“Pero muy particularmente nos encanta que la Corte les devuelva a nuestras corporaciones autónomas regionales –CAR- la facultad de “administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente”, concluye el Concejal Conservador.
Nicolás Albeiro Echeverri espera que el Gobierno Nacional no insista en desconocer los principios de la descentralización, la participación y el pluralismo, consagrados en el artículo 1º de la Constitución Política, intención que estaba contenida en los decretos de Emergencia Social, Económica y Ecológica.
