El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, radicó el Proyecto de Acuerdo 146, por medio del cual se pone a consideración del Concejo de Medellín la propuesta presentada por Millicom de diluir la participación de EPM en Tigo-UNE. Esta propuesta tiene el antecedente de que ni la Alcaldía de Medellín ni EPM están de acuerdo con la disolución.
En el Proyecto, que queda en manos de los 21 concejales del Distrito, Quintero Calle les recomendó proteger los recursos públicos y, por tanto, les pidió que no lo aprueben por el daño inevitable que representaría para EPM.
El Alcalde de Medellín solicitó que los ponentes del Proyecto de Acuerdo sean los concejales del Partido Centro Democrático, quienes lideraron la decisión de no autorizar a EPM a vender las acciones que tiene en UNE e Invertelco, para poner en práctica la cláusula para la recuperación de los recursos públicos.
“Esta no es la propuesta de la Alcaldía de Medellín. La presentamos porque la ley nos obliga a presentarla. Éste es el primer acuerdo de la Ciudad en el que la Alcaldía pide no votar. Aquí se presentan las condiciones de Millicom de dilución en las que, evidentemente, lo que quiere es tumbar a los antioqueños y a Medellín”, dijo Daniel Quintero Calle.
Según el Proyecto de Acuerdo, en caso de que sea aprobado por los concejales, Tigo-UNE podría cambiar su composición accionaria, su naturaleza jurídica y sus estatutos, según el régimen privado, sin necesidad de que el Concejo lo autorice. Es decir, pasaría de ser una empresa pública a privada.
Como lo aprobó Millicom en su asamblea del 13 de septiembre, sin tener en cuenta el voto de EPM, al diluir las acciones que Empresas Públicas de Medellín tiene en la compañía Tigo-UNE, pasaría de una participación del 50% a sólo el 2%, aproximadamente.
El Alcalde de Medellín insistió en que este Proyecto de Acuerdo es un puntillazo adicional del que señala como el “cartel que nos ha dejado sin 20 billones de pesos en los últimos 20 años”.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de las TIC, fijó un plazo hasta el 11 de octubre de este año para que EPM y Millicom lleguen a un acuerdo o encuentren mecanismos para salvar la empresa de telecomunicaciones y que garanticen la continuidad en la prestación del servicio. En caso de que no se llegue a un acuerdo, el Gobierno nacional entraría a intervenir en un proceso de reorganización de la compañía.
