Por: Alfredo Ramos Maya
Desde principios de 2014, hace ya un año, se hacía evidente que los principales factores que determinan el precio del petróleo estaban pasando por un proceso de cambio. Por una parte, la demanda por petróleo y productos derivados disminuía a causa de menores expectativas de crecimiento en países en vías de desarrollo, en particular China. Por otra, la oferta de petróleo aumentó gracias a nuevas tecnologías de extracción de menor costo para explotación de yacimientos no convencionales. De hecho, Fedesarrollo, en un informe publicado en febrero de 2014, señalaba lo equivocados que estaban los supuestos del Gobierno respecto al precio del barril de petróleo en el Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP 2013.
Ante estos mensajes, el Gobierno se mostró intransigente y mantuvo sus desacertados supuestos en el MFMP de mediados 2014. A la previsible caída de precios arrogantemente desestimada por el Ministerio de Hacienda, se sumaban además los problemas de seguridad en regiones productoras del país y el decrecimiento en los últimos años de nuevos yacimientos, que hacían evidente que las metas de producción de más de 1 millón de barriles de petróleo al día no se iban a lograr.
En términos absolutos, los supuestos del Gobierno sobre precios del petróleo para el cierre de 2014 se ubicaron entre 90 y 99 dólares por barril en los documentos del MFMP 2012, 2013 y 2014, y, más grave aún, en el Proyecto de Presupuesto de Regalías que se presentó a comienzos de octubre de 2014, cuando ya el precio internacional se ubicaba cerca de los 80 USD por barril. En lo correspondiente a la producción, la expectativa de producir un millón de barriles diarios en 2014 no se logró, llegando a un promedio de 987 mil barriles diarios los primeros diez meses del año. Y mientras la Agencia Internacional de Energía ubica la producción para 2015 de Colombia en 930 barriles por día, el Gobierno insiste con supuestos de un millón treinta mil para el presente año. A todas luces, los menores precios actuales y su poca esperanza de regresar a niveles anteriores en los próximos años, así como la menor exploración y la gran inseguridad dan señas del evidente incumplimiento de cualquier expectativa. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en el MFMP 2013 se decía que Colombia llegaría en 2105 a una producción de un millón cien mil barriles diarios.
El problema es particularmente grave para el país porque durante los últimos años, la vulnerabilidad de las cuentas de la Nación frente a variaciones en precios y producción de petróleo se han vuelto escandalosas. De hecho, diversas cifras son síntomas de una situación crítica de enfermedad holandesa en el país: el 21,8% de los ingresos del Gobierno Nacional Central se sustentan en el sector minero-energético (casi un 4% del PIB en 2014 frente a menos del 1% a principios de este siglo); el petróleo representa el 55,2% de las exportaciones nacionales (en 2006 eran el 26%); y la Inversión Extranjera Directa en el sector minero-energético ha correspondido a más del 50% del total en los últimos cuatro años (en los años 90, era inferior al 10%).
Esta situación tiene tres efectos directos sobre la economía colombiana que generan una contracción directa del ingreso y una disminución en la oferta de crédito. Primero, se genera un déficit de cuenta corriente que debe ser corregido con ajustes fiscales. Esto es, además de la improvisada y nefasta reforma tributaria a la que sometió el Gobierno a los sectores productivos del país a finales de 2014, se avecina con toda seguridad un nuevo esquema tributario más gravoso del que adolecemos en la actualidad, y que seguirá ahuyentando la inversión y el empleo de Colombia. Segundo, se generan altas presiones sobre el peso que derivan en una fuerte devaluación, la cual se ha mantenido alrededor de un 25% en los últimos 6 meses. Y tercero, se afecta la estabilidad del Sistema Financiero colombiano, último escalón que se añadiría al efecto dominó que nos envuelve.
Las posibles consecuencias de una caída de precios a 60 dólares por barril (precio superior al que se ha registrado durante los últimos meses) han sido detalladas en una investigación reciente para el PNUD, y plantean un futuro alarmante e incierto para el país, especialmente porque la caída resultó aun más grave:[1]
Primero, en los dos años siguientes a la caída de precios la depreciación del peso alcanzaría un máximo del 40%, llegando a precios inclusive de $2.800. Segundo, el crecimiento esperado de la economía en 2015 no sería de alrededor del 4% como se anuncia hoy, sino del 1,4%, un golpe inimaginable en sus consecuencias para la economía colombiana. Tercero, la caída promedio de los ingresos fiscales de la Nación sería del 1,1% del PIB durante los próximos seis años, lo que ocurre por menor tributación en el sector, menores pagos por regalías y menores dividendos de Ecopetrol. Cuarto, la tasa de desempleo retornaría a niveles del 11,2% para 2016. Y finalmente, la tasa de pobreza retornaría al 34%, aumentando desde los niveles del 31% de 2013; y el tamaño de la clase media alcanzaría el 27% de la población, un retroceso desde el 31% de 2014.
Adicional a lo señalado en el estudio, ya se han consumado varios hechos que afectarán el desempeño de la economía colombiana como consecuencia directa de los bajos precios y la caída en la producción. Por una parte, está la disminución en la financiación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 por $90 billones, de acuerdo con el Proyecto de Ley del PND presentado por el Gobierno al Congreso. De otro lado, con la devaluación acumulada hasta ahora, el monto adicional que Colombia tiene que pagar por concepto de intereses y amortización de deuda externa es de $2,2 billones, que llegaría hasta $4 billones de llegar a una tasa de cambio de 2.800 pesos por dólar como prevé el estudio. Sin contar con una disminución esperada de casi $6 billones en regalías para inversión para los años 2015 y 2016, golpe a las finanzas regionales y a la inversión en ciencia y tecnología. Y si miramos los anuncios de las empresas petroleras, ya han anunciado recortes por más de $4 billones en los próximos tiempos, además de poner en riesgo más de mil empleos directos asociados a la actividad petrolera.
Lo más alarmante de todo, es que mientras esto ocurre, el Gobierno improvisa reformas tributarias que afectan la estructura de la economía, superando ya el trágico 75% de tasa efectiva de distribución; derrocha dineros públicos en clientelismo para campañas políticas; incrementa la nómina del Gobierno Central el doble de la inflación, pasando de $25 a $27 billones entre 2014 y 2015; y es intransigente ante la ineficiencia del gasto y los altos niveles de corrupción en la contratación.
El futuro de la economía colombiana se torna cada vez más oscuro, y la anunciada crisis parece continuar hacia sus más nefastas consecuencias ante la mirada desinteresada del Gobierno de turno. Y lo peor: ya el Gobierno sabía lo que se avecinaba, pero prefirió el clientelismo de campaña antes que pensar en Colombia.
[1] PNUD (2014). Colombia frente a una destorcida de los precios del petróleo
