Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
La ampliación de la refinería de Cartagena era una necesidad sentida, como quiera que el país necesitaba aumentar la cantidad de combustibles refinados, pues de 80 mil barriles día que se refinaban, se pasaría con la ampliación a 165 mil barriles día de mejor calidad. Pero ocurrió lo que siempre ocurre en Colombia con las grandes obras (y también con las medianas y las pequeñas): no sólo se demoró su construcción, sino que su valor, en este caso, se duplicó. De 3993 millones de dólares que era el precio inicial de la obra, por arte de magia, mejor es decir por arte de la corrupción, de la noche a la mañana, pasó a costar 8016 millones de dólares, 4023 millones de dólares más.
Quien se ha encargado de poner en conocimiento de la opinión pública el exorbitante sobrecosto, ha sido el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón. Hasta ahora nadie habla de corrupción, se habla de sobrecostos en insumos y en contratos, pero no hay que ser un genio para decir desde ya que la infaltable mano de los corruptos encontró en esta mega obra un caldo el cultivo para hacer de las suyas. Obra de grandes proporciones que se respete en Colombia padece de los mismos males: el Metro de Medellín, la hidroeléctrica del El Guavio y desde luego, lo que aconteció con las obras en Bogotá, en el conocido “Carrusel de la contratación”. En este pobre (por lo sufrido) país sucede un fenómeno muy extraño, cuando se trata de la construcción de obras importantes, estas se prolongan en el tiempo y el sobrecosto generalmente es más alto que el precio por el que inicialmente se pensaba se ejecutaría la obra, y cuando de la venta importante de un activo del Estado se trata, la negociación se hace en el menor tiempo posible y por menor valor del que se creía podía ser vendido. Este fue el caso ocurrido con la venta de Isagén, que pese a las súplicas de muchos sectores para que no fuera vendida la participación del Estado por 2200 millones de dólares, la negociación la adelantó el gobierno con el Ministro de Hacienda a la cabeza y ya se habla de un posible detrimento patrimonial. Recuerden que el hoy titular de la cartera de hacienda, siendo director de Planeación Nacional en el gobierno de Pastrana, firmó una conciliación con Dragacol que le valió un detrimento al Estado por valor de 20.000 mil millones de pesos, hecho por el cual fue investigado por la fiscalía por Peculado culposo, pero nada ocurrió. Sería diferente ahora?
Se habla de unos sobrecostos descomunales, de contratos que se duplicaron y se triplicaron en su valor inicial; de contratos con adiciones del cien por ciento y hasta del mil por ciento; de contratos de servicios, como el de una secretaria que se ganaba 30 millones de pesos al mes y le pagaban el alquiler en el mejor sector de Cartagena, y el de unos obreros extranjeros (200), que se ganaban 45 millones de pesos al mes. Otra cuestión que no se entiende es que con esta crisis laboral, la mala remuneración de trabajos calificados y no calificados, es la de que cuando se presentan las oportunidades laborales como estas se las dan a otras personas, extranjeras, pero no a los colombianos, pero si fueran mal remunerados, ahí sí, los colombianos en primera fila. Podría haberse contratado más gente con ese dinero mensualmente, o si se requerían menos personas, no debió habérseles pagado tanto. Qué despilfarro.
Está por determinarse lo ocurrido, hay un grupo de investigadores de la Contraloría General de la República que ya están realizando las pesquisas para determinar qué fue lo que realmente ocurrió, que desde ya me aventuro a decir, sino fue en todo si en mucha parte de los 4023 millones de dólares de sobrecosto, que se trató de un típico y clásico acto de corrupción. Ojalá se identifiquen los culpables y que la conocidísima frase de que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, sea verdad y se cumpla.
¡Qué país tan aguantador, por Dios!
