Jorge Mejía Martinez
Días antes de la muerte de dos agentes de policía a manos de los grupos emergentes del occidente de Antioquia, ocurrió un hecho no trascendido a la opinión pública: en un sector conocido como Tres Esquinas, vía vieja a Santa Fe de Antioquia y Liborina, más de 30 hombres armados, acorralaron a 8 policías, los desarmaron, les quitaron la munición y les devolvieron sus armas de dotación luego de enrostrarles: ¡quienes realmente mandaban en la zona! Y como para que no quedara dudas respecto a las pretensiones de los miembros de las denominadas Autodefensas Gaitanistas, luego ocurrió el ataque violento del pasado 9 de enero en la vereda Santa Rita, municipio de Sopetrán, contra los patrulleros de la Policía Nacional.
La reacción inmediata de la fuerza pública permitió la incautación de armas, explosivos, panfletos, uniformes y medios de comunicación, en cantidad suficiente como para dotar todo un ejército ilegal. Pero el grupo sigue incólume. El provocador reto lanzado fue brutal.
En el Bajo Cauca la situación es peor, particularmente en Caucásea. La violencia se desbordó. El año pasado se tuvieron cerca de 200 homicidios; Si la tendencia actual se sostiene vamos a terminar este año con un asesinato por día. Es feroz la contienda que según las autoridades obedece a la puja entre grupos de narcotraficantes por hacerse al control estratégico de la zona. Pero en medio de la balacera caen pobladores que nada tienen que ver con la disputa, como el atentado contra la vida de dos niños que acompañaban en una moto a un adulto que terminó asesinado y la suerte de un universitario que, según versiones de habitantes de Caucasia, fue muerto simplemente porque a algunos les pareció un extraño en el lugar.
Ya empezó a correr la voz de que es mejor no visitar la zona, en aras de no arriesgar. Medellín tampoco escapa como escenario de la confrontación; las cifras oficiales que hablan de preocupantes incrementos de los homicidios y de los desplazados intraurbanos, son la mejor notificación. Para entender lo que está pasando, hay que ir mucho más allá. Hay una característica común entre los contendientes a muerte: en su gran mayoría fueron desmovilizados de las AUC. Por un momento dejaron las armas para negociar con el Estado, pero luego decidieron retornar a sus andanzas ilegales, haciendo a un lado cualquier vocación antisubversiva, para concentrarse en usufructuar el negocio de la coca.
El sector que se denomina gaitanista, aspirará a lograr respaldo político y social, pensando de pronto, en una nueva negociación con el gobierno central. Lo cierto es que el proceso de desmovilización iniciado en los años 2003-2004, tiende a terminar en un estruendoso fracaso, si no se acierta en el diagnostico de lo que está ocurriendo. Estamos viendo –padeciendo- las consecuencias de una negociación a medias e improvisada. Los acuerdos del gobierno nacional con la comandancia de las AUC, se redujeron a la entrega de unas armas de dudosa calidad, a la desmovilización de miles de supuestos efectivos reunidos en pomposas ceremonias y a la entrega de unas dadivas económicas y sociales por parte de la institucionalidad.
En ningún momento se exigió la confesión plena y la reparación integral –luego la Corte Constitucional algo corrigió-, como tampoco el desmonte verificable de las estructuras y las actividades ilegales. Las rutas del narcotráfico, las redes y los contactos, continuaron como si nada hubiera pasado. Los grandes jefes de las AUC terminaron extraditados, pero muchos mandos medios le hicieron pistola a los acuerdos contraídos.
El gobierno terminó frustrado porque el frente de lucha contra el paramilitarismo o el narcotráfico no se canceló y la sociedad quedó con el sinsabor de que los agentes violentos no han hecho más que reproducirse. El gran reto de las autoridades es demostrar que la política de seguridad democrática funciona más allá de la lucha contra la guerrilla, que hoy tampoco está desaparecida del mapa.
