La presión de la sociedad, con gran eco en los medios de comunicación, y viceversa, puede llevar a la justicia a apresurarse, a vulnerar principios y derechos fundamentales y a cometer injusticias. El abogado y magíster en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito, Hernando Helí Grisales, ratifica la afirmación con la aclaración que cuando la Fiscalía General de la Nación realiza acciones sensacionales de captura de políticos, gobernantes y funcionarios en escenarios públicos -con bombo y platillos y amplia difusión en medios de comunicación-, está obedeciendo a una aparente e innecesaria política de protagonismo, para satisfacer el deseo inquisidor de medios y sociedad, sedientos de “positivos” judiciales en un aferrado imaginario de corrupción y de supuesta tendencia a la violación de la ley.
Según Hernando Helí Grisales, la falta de idoneidad de la policía judicial -encargada de allegar e interpretar pruebas- puede llevar a los fiscales a cometer errores. Estos pueden convertirse en “falsos positivos judiciales”, con gran impacto mediático, que afectan principios constitucionales, como el de la dignidad y la presunción de inocencia, y derechos fundamentales, como el del buen nombre y la honra. Dice Grisales que estas acciones judiciales terminan pareciéndose a un “circo romano” en el que los gladiadores son el capturado y la Fiscalía, con el agravante que -contrario a la Constitución y la Ley- el capturado es obligado a demostrar su inocencia, cuando es al Ente Acusador al que le corresponde desvirtuarla.
No satisfechos la sociedad y los medios con el espectáculo de la innecesaria escena de la captura pública -recuerda el Jurista en la explicación de la llamada “Audiencia Concentrada” de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud e imposición de medida de aseguramiento-, es recurrente la molestia cuando el juez infiere razonablemente que el presunto responsable de haber transgredido una o varias normas del ordenamiento jurídico, no cumple los requisitos para ser enviado a la cárcel.
Finalmente -concluye Grisales- la sociedad colombiana debe recordar permanentemente que su sistema político es democrático y no totalitario, que es en una dictadura -tan detestada por todos- que la justicia no respeta principios y derechos constitucionales. Es en la democracia del Estado Social de Derecho colombiano en la que existen procedimientos legales, debido proceso, presunción de inocencia, derecho a la defensa, derecho al argumento, derecho a la contradicción y derecho a ser vencido en juicio.
La sociedad y los medios de información no deben jamás soslayar esos principios, derechos y deberes, popularizando actuaciones típicas de las dictaduras y de los tiempos de la inquisición en los que había que ver arder la presunta bruja en la plaza pública.
Es mejor que la justicia siga cojeando y que haya tres culpables sueltos que un inocente en la cárcel… o ardiendo en la “hoguera” pública.
