Por: Margarita Restrepo
En el Congreso de la República se está reglamentando un acuerdo que es ilegítimo y que desconoció el resultado de la convocatoria plebiscitaria del año pasado, cuando la mayoría ciudadana votó en contra del mismo.
Desde que se registró la victoria del NO en las urnas, planteamos la necesidad de introducir cambios estructurales al acuerdo, dado que la mayoría ciudadana expresó su desacuerdo con asuntos que ponen en entredicho la estabilidad democrática del país.
Nuestra campaña fue en contra del acuerdo, no en contra de la paz y sobre eso no puede existir duda alguna.
El gobierno, desesperado con el veredicto del pueblo, tomó la arbitraria decisión de pasarse por la faja el resultado. Maquilló el acuerdo improbado, le incluyó algunas páginas de más, le introdujo algunos sinónimos y luego aseguró de manera mentirosa que se trataba de un “nuevo acuerdo”.
Acto seguido, remitió el documento al Capitolio con el fin de que las mayorías parlamentarias de la unidad nacional hicieran la respectiva ratificación, para efectos de iniciar la reglamentación del mismo a través del tristemente célebre, Fast Track.
Como estaba previsto, el Fast Track convertía a los congresistas en simples validadores sin capacidad de debatir o proponer cambios tendientes a mejorar el contenido de los proyectos presentados por el gobierno. Aquello, liquidaba la separación de poderes y convertía al legislativo en un simple “firmón” de la voluntad del presidente de la República.
Con el respaldo de 1.3 millones de colombianos, el Centro Democrático presentó, en cabeza de nuestro senador y precandidato presidencial, Iván Duque, una demanda contra el Acto Legislativo de Paz. Se buscaba con esa acción evitar la consolidación de un mecanismo abusivo que viola el propio espíritu de nuestra Constitución.
Como estaba planteado el Fast Track, los congresistas de la oposición, que representamos a la mayoría ciudadana, no teníamos la capacidad de proponer cambios o mejoras en los proyectos formulados por la Casa de Nariño.
Se nos había cercenado el derecho a debatir. Resulta inaceptable que en el preciso momento en que se está cambiando la estructura del Estado, cuando el gobierno le entrega en bandeja la democracia a un grupo terrorista, que se está creando un tribunal de justicia diseñado para impartir absoluciones a granel a favor de los miembros de las Farc, responsables de los peores crímenes, a los congresistas se nos instalara un bozal.
La demanda de Iván Duque se concentró en esos aspectos. Hace unas semanas, él concurrió a la corte Constitucional a sustentar sus argumentos. Las razones expuestas fueron demoledoras y aquello explica el fallo emitido esta semana por los máximos jueces constitucionales de nuestro país que le pone un límite al Fast Track, obligando a que se respete el derecho de los congresistas a deliberar, a proponer y a sugerir. Al fin y al cabo, para eso fuimos elegidos por el pueblo.
Parlamento deriva del vocablo “Parler”, que traducido al español significa “hablar”. Santos, con su talante dictatorial, sueña con tener un parlamento en Colombia en el que sus integrantes sean mudos. La corte, guardiana de la Constitución, nos ha reestablecido la función deliberativa, decisión que, ante todo, fortalece y protege a nuestra democracia.
