Por: Jorge Gómez Gallego
Por razones que podrían ser controvertibles, el gobierno nacional hizo aprobar un proyecto de ley que convoca un plebiscito para someter a la refrendación popular los acuerdos que están a punto de concretarse con las FARC. La decisión de llegar a un acuerdo con ese grupo alzado en armas no requería pasar por ese tamiz de conformidad con nuestra normatividad, pero el gobierno así lo decidió, las FARC terminaron aceptándolo y la Corte Constitucional le dio su aval.
Eso hace que estemos ad-portas de unos comicios en los que se votará si los colombianos le damos un espaldarazo a lo que suscriban finalmente el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, o que decidamos decirle no a lo acordado.
El POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO hace 10 años, en su Congreso fundacional adoptó un ideario y unos estatutos en los que decidió que no aceptaba la lucha armada como método para dirimir las contradicciones entre los colombianos, al tiempo que exigió una salida política negociada al conflicto armado interno que ha azotado a Colombia por más de medio siglo.
El gobierno Santos, por razones que también podrían generar controversia, ante la evidencia de que si bien, quienes se habían levantado en armas para tomar el poder en los años 60 no lo lograron, el Estado, a pesar de todos los golpes que les había inferido en los últimos años, tampoco los había podido someter, decidió iniciar un proceso de conversaciones que condujeran a la solución negociada de ese conflicto.
Es bueno anotar que esa decisión contó con el respaldo de gobernantes de todo el mundo y de todas las orillas políticas e ideológicas, empezando por Washington, pasando por Bruselas y terminado en La Habana y Caracas, además partió de que lo que se negociaba era el fin del conflicto y ninguna otra cosa que implicara cambios en la estructura de poder o en el modelo económico.
Después de un proceso supremamente complejo, todo indica que estamos muy cerca de que las partes suscriban un acuerdo final en el que, las FARC dejarán las armas y el gobierno de Colombia les brindará unas garantías para su reinserción a la vida civil y les otorgará algunos beneficios en lo que tiene que ver con la participación política y con la forma en la que afrontarán ante la justicia sus delitos, concretamente en lo que se ha denominado la justicia transicional. En resumen, las FARC dejarán las armas y el gobierno les brindará garantías para que las dejen.
De eso tratan los acuerdos, no es cierto que el país se lo esté entregando el gobierno a las FARC como lo afirman los voceros del Centro Democrático, como tampoco es cierto que después de la firma de los acuerdos, Colombia se convertirá en el paraíso terrenal como lo pretende hacer creer el Gobierno. De lo que no queda duda es que la dejación de esas armas cerrará un capítulo de sufrimiento y dolor innecesarios y dañinos que acompañaron la vida de centenares de miles de compatriotas por más de medio siglo.
El POLO no ha tenido la menor duda en celebrar los el avance de los acuerdos, no ha vacilado en anunciar su apoyo decidido al voto por el SI en el plebiscito que se celebrará, pero tampoco ha renunciado a ejercer su legítimo derecho a ser el partido de la auténtica oposición al gobierno de Santos.
“Pronorteamericano” como el mismo se ha proclamado, agente de los monopolios, las multinacionales y el capital financiero como sus ejecutorias lo han evidenciado, enemigo del sindicalismo, la lucha social y popular como las acciones de sus fuerzas represivas lo han demostrado, contrario a la producción y al trabajo nacionales como lo ha probado hasta la saciedad, la única diferencia que lo separa del uribismo es el proceso de negociación con las FARC.
Es evidente la coincidencia de las bancadas uribistas y santistas en el Congreso en la votación de la ley de Zidres que le entrega la tierra baldía a monopolistas y extranjeros, despojando a los campesinos y empresarios nacionales de ese derecho; en la decisión de adherir a Colombia a la OTAN y permitir que nuestros soldados vayan al exterior a defender causas imperialistas; en la defensa del libre comercio y las EPS, en fin, excepto en el proceso de negociación con las FARC, Uribe y Santos la misma cosa son.
El POLO, desde la oposición, apoyará decididamente el voto por el SI en el plebiscito. Ese día no se votará si estamos de acuerdo con el gobierno de Santos o no, tampoco se votará si al otro día Colombia será una nación soberana y próspera o si se implantarán los derechos y garantías que requerimos la mayoría de los habitantes, ese día se votará si pesan más las concesiones que se le harán a la insurgencia después de que se desarme, o el desarme mismo. Yo estoy seguro que lo que más pesa es lo segundo y por eso no solo votaré SI, sino que además invito a los antioqueños a que sin vacilación salgamos a inundar de votos por el SI las urnas.
Nosotros lo haremos desde la oposición, porque además de las mentiras de los enemigos de los acuerdos, el otro enemigo de los mismos es el propio gobierno. Promover los acuerdos con amenaza de reforma tributaria, con profundización del neoliberalismo, la tercerización laboral y las privatizaciones; no deja de ser una paradoja, pero votaremos SI a pesar de Santos y sin dejarnos confundir de quienes mienten para atacar los acuerdos.
