Carlos Alberto Ballesteros
El Concejo de Medellín aprobó el muy cuestionado Acuerdo 21 de 2008 “Por el cual se institucionaliza el día social y ambiental Sin Carro en Medellín”, señalando como fecha para su realización el 22 de abril, lo que motivó al gobierno municipal a anunciar la imposición de una serie de medidas coherentes con lo aprobado, como era una multa por quince salarios mínimos diarios legales, es decir, 248 mil 450 pesos, además de la inmovilización del automotor. Sorpresivamente modificó su posición y cambió el sentido de la medida para transformarla de obligatoria a pedagógica, determinación que amerita algunas reflexiones.
El acuerdo fue aprobado mayoritariamente en el Concejo pues 5 corporados votamos negativamente. Mi voto en la comisión permanente (primer debate) fue positivo, por cuanto allí se aprobó que tendría un carácter pedagógico. En la plenaria (segundo y último debate) se modificó al establecerla como obligatoria lo que no comparto, por cuanto se trata de una restricción no justificada desde el punto de vista constitucional y por estar de acuerdo con lo que argumentaron en el debate los representantes del gobierno. La secretaria general Doctora Nora Elena Salazar Molina afirmó:
“Hemos hecho el análisis jurídico del proyecto… donde concluíamos que el Concejo no tiene la competencia en esta materia. Creemos que es abiertamente contrario al Código Nacional de Tránsito, a la Ley que es una norma superior que nos obliga el acatamiento. En ese sentido queremos dejar claramente establecido que el Concejo de Medellín no tiene competencia en esta materia. Cuando se habla del término “obligatorio” eso implicaría que tendría unas medias sancionatorias que en este sentido también serían competencia del señor Alcalde”.
El Doctor Ricardo Smith, secretario de tránsito, además de reiterar la falta de competencia dijo:
“La única preocupación que queremos manifestar desde el punto de vista de tránsito, es que el transporte público de la ciudad ese día no va a tener capacidad para toda la demanda que se le va a presentar y que muchas personas tendrán que optar por la caminata o la bicicleta, que es uno de los objetivos que pretende impulsar la medida. Pero digamos que el transporte público no va a ser suficiente para la demanda de transporte que se va a presentar ese día. Ya tenemos, ustedes lo saben, un Metro que en horas pico está sin capacidad y un transporte público colectivo que en muchas rutas está deficitado y en horas pico está en su capacidad máxima”.
Presentadas estas razones, la posición del gobierno ha debido ser contundente en el sentido de objetar el Acuerdo y no sancionarlo como finalmente hizo. Pero al optar por este camino se supone la obligación de acatarlo, no tendría otra opción.
El gobierno anunció la sanción señalada, pero de manera intempestiva modificó la determinación radicalmente, convirtiéndola en pedagógica, desconociendo lo definido en el Concejo Municipal. En otras palabras acoge lo que fue el proyecto de acuerdo, pero amplía la decisión de flexibilizar el pico y placa durante toda la semana, vacilaciones que confunden al ciudadano y no contribuyen en nada a la imagen del alcalde. Aunque algunos colegas la consideran pedagógica obligatoria para tratar de “salvar” tantas incoherencias, pero a pesar de su esfuerzo “dialéctico” no lo logran.
Como ciudadano y concejal me preguntó ¿cuál fue la poderosa razón que hizo modificar esta actitud? ¿Sería la presión de algunos gremios? Si es así surge otra inquietud: ¿quién manda realmente en Medellín?
No estoy de acuerdo con medidas represivas si no tienen un fundamento claro y contundente; la pedagogía puede ser mucho más eficaz si se utilizan campañas publicitarias agresivas aprovechando para ello los diferentes medios y especialmente el canal Telemedellín. La propuesta es menos “Café con Alonso” y más formación ciudadana. Mi posición es mucho más firme en este caso, pues no existe un sistema de transporte público eficiente y por lo tanto su no utilización por parte de la población no es por desconocimiento e ignorancia sino por esa lamentable razón. El ciudadano no puede pagar la ineficiencia del Estado.
La conclusión es sencilla, en vez de imponer medidas restrictivas con todo lo que ello implica, debería dedicarse mayor esfuerzo a consolidar un transporte público eficiente, sin perjuicio de la adopción de medidas pedagógicas pero nada restrictivas. No comparto las actitudes inspiradas en el postulado “la letra con sangre entra”. Rechazo la vacilación del gobierno municipal en estos temas. Sin embargo, muy a mi pesar, no queda más remedio que acatar la decisión pues es mi obligación como ciudadano.
