Por: Alfredo Ramos Maya
“Existe una línea muy delgada entre lo legal y lo ilegal” reza uno de los muchísimos anuncios publicitarios de la Gobernación de un importante departamento de Colombia. Con retórica sofista y miles de millones de nuestros impuestos en los bolsillos de medios de comunicación, el gobernante de turno nos graduó a todos los ciudadanos en corruptos, inmerecedores de su magnanimidad. Pero los lemas de dicha Gobernación distan absolutamente de las actuaciones ilegales de ella misma, en donde los escándalos han rondado durante los ya casi cuatro años de una lánguida administración de un departamento pujante e ingenioso por historia y naturaleza.
Sólo por mencionar los 10 más sonados, es importante recordarle a la opinión pública en manos de quiénes estamos, por cierto muy alejados de la legalidad que tanto pregonan con dineros del erario:
- El gobernante del pujante departamento legalizó en el año 2012 un título minero para explotar durante 30 años un yacimiento de arenas y gravas al esposo de su Secretaria de Participación Ciudadana, íntima colaboradora suya durante varios períodos. Fue la única de 17 de solicitudes de legalización aprobadas ese año, en la que el gobernante se tomó un tiempo récord de 43 días para la firma, frente a más de 200 días en los pocos procesos de legalización que posteriormente se hicieron en el departamento mencionado. Parece que lo legal es favorecer familiares de secretarios de confianza.
- Un empleado de un reconocido banco era a su vez asesor externo de la Secretaria de Hacienda del Departamento y que, durante dicha asesoría, la Gobernación privilegió a esa entidad bancaria con el otorgamiento de $300 mil millones en bonos, generando una comisión de más de $500 millones. Una fundación establecida por el banco, había apoyado la campaña a la Gobernación del actual mandatario con la suma de $40 millones. Parece que es legal presentar a funcionarios de banco como servidores públicos y devolver favores multiplicados a financiadores de campañas.
- Urgencia manifiesta por varios años: La Secretaría de Infraestructura Física del histórico departamento, con el objetivo de realizar mantenimiento a “puntos críticos y pérdida de banca” de algunas vías del departamento, ordenó mediante decreto una “Urgencia manifiesta” por valor de $5.640 millones a partir del 18 de julio de 2012. Hasta acá no se presenta nada particular. Lo especial de todo esto es que el plazo inicial de dicha Urgencia era de 7 meses, pero al día de hoy aún sigue vigente, es decir, casi 3 años después y el monto de dinero pasó de $5.640 millones a casi $40 mil millones ejecutados con el mismo contratista y el mismo interventor. Parece que es legal abusar de la figura jurídica de Urgencia Manifiesta, la cual permite contratar de manera directa sin necesidad de licitación.
- El proyecto de edificios supuestamente para la educación, una de las principales banderas de la administración departamental mencionada, no tiene actas de entrega y liquidación: dichas actas permiten conocer de manera detallada el monto de la inversión, los metros cuadrados construidos, el valor de la dotación, entre otros, de cada obra pública. Parece que es legal dejar contratos sin finalizar pese a gastarse cientos de millones de pesos de impuestos en fastuosas inauguraciones, y aún no existe claridad sobre la fecha en que se conocerán dichos costos.
- Para la liquidación de un Parque Tecnológico de propiedad del Estado: el proyecto más ambicioso a nivel nacional para la reunión de centros de innovación empresarial y que se proyectaba el desarrollo tecnológico de importantes compañías, de manera arbitraria, tomó la decisión de liquidar la sociedad que daba autonomía al Parque Tecnológico Manantiales, desfigurando el estado real del proyecto en términos financieros y siendo demandado por compañías allí establecidas. Parece que es legal ocultar información con jugadas legales y dejar a la deriva proyectos estatales que le apuntan a la innovación tecnológica.
- Oscuros manejos contables en el banco de fomento de los municipios: en primera instancia, a la queja constante de alcaldes al decir que ya el banco estatal no les presta dinero y cuando lo hace es mejor hacerlo con la banca privada, se le suma una práctica poco legal y es la de retocar sus cuentas del 2014 y lograr que a través del registro de ingresos extraordinarios por $63.216.915.868 se maquille de esta manera la información contable, pues muestran un supuesto excedente neto de $54.546.155. Pero las cifras reales muestran una realidad diferente: una pérdida de $8.670.761.000, cifra nunca antes registrada por esta entidad tan querida y admirada por todos los ciudadanos del departamento. Parece que es legal usar argucias contables, en contravía de las prácticas legales, con el fin de presentar unas falsas utilidades.
- Entrega de distribución de licores con falso documento: en fiscalía se encuentra una denuncia por falsedad en documento público por la entrega de una distribución de licores en pasados meses. Pese a no ser decidido por la junta directiva de la licorera departamental en sus reuniones normales, se adicionó a un acta de alguna de dichos comités la definición del distribuidor para el querido departamento de Guainía. Parece que es legal adicionar hechos no sucedidos a actas en las cuales se definen miles de millones en ventas y utilidades que ingresan al bolsillo de particulares distribuidores de licor.
- Ordenanza infinita: trascendió a medios de comunicación hace algunos días que el Tribunal Administrativo del importante departamento, objeto de estas investigaciones, aceptó una demanda interpuesta en contra del artículo 16 de la Ordenanza 36 del 12 de diciembre de 2014 que regula la financiación de los 80 edificios supuestamente dedicados a la educación. La Ordenanza en su artículo 16 decía que se destinarían a partir del 2016 partidas presupuestales hasta de $40 mil millones para el sostenimiento de los edificios, se regulaban vigencias futuras dejando empeñados $40 mil millones de próximos gobernantes sin saber cuáles serían las prioridades y demostrando que la viabilidad financiara de los mismos es cada vez más oscura. Parece que es legal comprometer recursos públicos de manera ilimitada para que posteriores administraciones queden a merced de los intereses del actual gobernante.
- Sanción a funcionarios de la Secretaría de Infraestructura: el pasado 4 de noviembre la Procuraduría General de la Nación falló en segunda instancia en contra del hasta entonces secretario de Infraestructura Física del Departamento y su equipo de trabajo más cercano, por haber revocado de manera ilegal la adjudicación de un contrato de 4.1 kilómetros por $89.350. La sanción varió entre el fallo de primera y segunda instancia pues pasó de destitución del cargo e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 11 años, a una suspensión del cargo por ocho meses para el secretario, y de seis y diez meses para otros funcionarios departamentales. Parece que es legal quitar contratos ya entregados tras licitaciones públicas violando el debido proceso, y dejando al departamento sujeto a enormes demandas que pagaremos los contribuyentes en varios años.
- Inauguración edificio educativo en plena la ley de garantías: el 8 de mayo de 2014 el Señor Gobernador del importante departamento inauguró unos de los 80 anunciados edificios educativos en plena época electoral, teniendo como invitado especial al entonces candidato-presidente a pocos días de votar en las elecciones presidenciales en su primera vuelta. Parece que es legal violar la ley de garantías electorales hecha para equilibrar de alguna manera el poder de los gobernantes de turno.
10 casos significativos, en los que el discurso de la transparencia queda completamente deslegitimado por los abusos de una administración, que siente tener una patente de corzo para brincarse impunemente la ley que juró respetar. “Existe una línea muy delgada entre lo legal y lo ilegal”. Una línea que fue cruzada muchas veces por quienes burlan la confianza ciudadana.
