La elección de la contralora General de Antioquia, Elsa Yasmín González Vega, se realizó en el marco del Acto Legislativo 04 de 2019, que responde a un nuevo modelo de Control Fiscal en Colombia, según propuesta del contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, quien cree conveniente un control preventivo y concomitante que les devuelva a las 65 contralorías regionales y locales del País la función de advertencia, previa a que se produzca un daño fiscal.
El parágrafo transitorio 1 del artículo 4 del Acto Legislativo habla de una primera elección para un período de dos años, después del cual, los próximos contralores municipales, distritales y departamentales serán elegidos para un período de cuatro años, pero empezando en la mitad de los actuales gobiernos y terminando en la mitad de los próximos gobiernos municipales, distritales y departamentales.
El secretario General del Concejo de Medellín, abogado experto en Derecho Administrativo, Jorge Luis Restrepo, dice que las elecciones de contralores no han sido tan traumáticas como las de los personeros, porque se trata de una convocatoria pública que combina el mérito de los aspirantes con la discrecionalidad de los concejos municipales y las asambleas departamentales, que pueden escoger de una terna, según el Acto Legislativo 04 de 2019.
No obstante, la discrecionalidad política genera otras dificultades como las denuncias de presuntas inhabilidades, como ocurrió durante la elección de la contralora General de Medellín, Diana Carolina Torres García -en la que 10 concejales se abstuvieron de votar positivo por ella por dicha razón- y la elección de la contralora General de Antioquia, Elsa Yasmín González Vega -en la que un diputado presentó también objeción por presunta inhabilidad-.
En las elecciones de contraloras de Medellín y Antioquia, las universidades CES y de Antioquia salieron bien libradas en su idoneidad, lo que no ha ocurrido en los procesos de elección de personeros por méritos, frente a los cuales la Procuraduría General de la Nación ha interpuesto 122 tutelas para que se revisen las presuntas irregularidades, por supuesta carencia de idoneidad, transparencia y garantías por parte de las entidades encargadas de los concursos de méritos.
En Medellín la tutela fue interpuesta por uno de los participantes, quien ha puesto en duda la idoneidad y transparencia de la Universidad Pontificia Bolivariana, encargada de calificar los méritos de los aspirantes. La tutela fue aceptada por un Juez Constitucional y recurrida por el Concejo de Medellín y por la Universidad.
El expersonero de Rionegro y actual Secretario del Concejo de Medellín, Jorge Luis Restrepo, aclara que una cosa es el concurso de méritos que realiza el sistema de carrera administrativa, en cabeza de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que dice cuáles universidades están acreditadas, y otra es la norma especial que establece la elección de personeros.
El mayor puntaje por méritos fue para el aspirante a la Personería de Medellín, William Jeffer Vivas Lloreda.
