El matiz Directorio Liberal de Antioquia que preside Bernardo Guerra Serna respaldó al gobernador Luis Pérez Gutiérrez en su rechazo a la indebida adjudicación de la “gerencia técnica” del Túnel del Toyo, la cual fue entregada al Consorcio Gerencia Túnel del Toyo, integrado por la Compañía Colombiana de Consultores –CCC- y la compañía Restrepo y Uribe, una semana antes de concluir el mandato del anterior gobernador, Sergio Fajardo.
En su comunicado al Gobernador, Guerra Serna manifestó que son varios los reproches que desde el punto de vista ético, político y jurídico deben respaldar la búsqueda de mecanismos que impidan que este tipo de captura del Estado por parte de empresas privadas se consolide.
“En primer lugar, no es acorde con los principios constitucionales que orientan un Estado Social de Derecho, entregar sin justificación alguna la gestión de recursos públicos a empresas privadas en una obra cuya gerencia está en capacidad de realizar el Estado. Presumir la incapacidad de las instituciones públicas de los antioqueños con la falsa idea de que sólo los privados están en capacidad de gerenciar una obra de estas características, más que una mentira, es una precaria excusa para entregar los recursos del Estado a particulares”, expresó Bernardo Guerra.
Explicó que más que una inaceptable entronización del neoliberalismo a ultranza, la decisión del exgobernador Fajardo constituye un directo favorecimiento a particulares, en la medida en que serán desembolsados más de 35 mil millones de pesos para que un privado le diga a Antioquia cómo hacer una obra de 2 billones de pesos completamente financiada con recursos públicos.
“Pero más grave aún, es que dicha adjudicación haya sido realizada en un gobierno financiado por las élites económicas de Medellín, bajo la asesoría de la recién creada empresa Konfirma, también de propiedad de las mismas élites, para que sean ellas mismas quienes resulten ganadoras de estos procesos, en medio de serios cuestionamientos por la existencia de impedimentos legales”, dijo Guerra, refiriéndose a Guillermo Vélez, socio de la empresa Konfirma, hermano de la directora de la Cámara de Comercio de Medellín, quien al tiempo es miembro de la Junta Directiva del Metro de Medellín donde participa la Gobernación de Antioquia, por lo cual no podría contratar con ella.
“Súmese a esto que hasta la fecha el proyecto no cuenta con su respectiva Licencia Ambiental ni diseños definitivos, lo cual genera incertidumbres respecto a su real cronograma de ejecución y sus costos ajustados, vicios que han generado en los proyectos de obra pública en el País, no pocos sobrecostos y procesos litigiosos. Tan evidentes son las fallas en este proceso, que el Comité de Moralización del Departamento ya ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación su suspensión inmediata”, agregó el presidente del Directorio Liberal de Antioquia.
