Santiago Trespalacios, abogado penalista, considera que la decisión de la Fiscalía General de la Nación de imponer medida de aseguramiento al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, no es legítima. Califica la decisión como una “aberración jurídica” en la que se ha hecho uso del “poder punitivo como arma electoral”.
“No es casual que se presente cuando el Gobernador muestra los más altos índices de favorabilidad y cuando está asumiendo la crisis del Covid-19 de manera ejemplar. No es casualidad que justo en esta época se haga uso de un hecho de hace 15 años, como arma que materializa del poder politiquero”, piensa Trespalacios.
Claudia López, alcaldesa de Bogotá, se expresa en el mismo sentido afirmando en su cuenta de twitter que “mandar a la cárcel al gobernador Aníbal Gaviria” es una cortina de humo para desviar la atención.
“Decidieron volver a los mandatarios locales el chivo expiatorio de los fracasos del gobierno y los abusos de la fiscalía”, escribió la Mandataria distrital.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, fue vinculado por un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia a una investigación por presuntas irregularidades de contratación.
“Los elementos recopilados en el proceso que se siguen en el marco de la Ley 600 de 2000, indican que cuando se desempeñó como Gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros”, manifestó el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.
Según la comunicación del Fiscal, “los hechos están relacionados con las modificaciones al contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, tramo La Cruzada – Caucasia, suscrito en 2005 por más de 41 mil millones de pesos”. Para la Fiscalía, el Gobernador era el representante legal del Departamento y el ordenador del gasto y aunque hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.
El abogado Santiago Trespalacios plantea que debe solicitarse a un juez un control excepcional de legalidad de la medida y apelarla ante un fiscal ad hoc, por no creer en la imparcialidad de la Vicefiscal, quien sería la segunda instancia y es subordinada de quien tomó la decisión de anunciar la medida con bombo y platillos.
“Hay ausencia total de garantías, por lo tanto, debe solicitarse, además, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mantenga la decisión popular tomada el 27 de octubre de 2019, cuando se eligió a Aníbal Gaviria Correa como Gobernador de Antioquia, para evitar la desinstitucionalización del Departamento”, agrega Trespalacios.
El Abogado penalista finaliza recordando que la Fiscalía había dicho que no acudiría a la medida de aseguramiento, excepto en casos de urgencia y extrema necesidad: considera que el caso del Gobernador, que se tuvo su ocurrencia en 2005, no lo es.La decisión de privar de la libertad al gobernador Gaviria Correa fue comunicada al Presidente de la República para que cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo.
