Por: Jaime Jaramillo Panesso
Hace diez meses comenzaron los diálogos visibles entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. Desconocemos el tiempo de las conversaciones secretas que dieron nacimiento a las actuales con un libreto oficial de seis puntos. No hay acuerdo cierto sobre ninguno, ni siquiera el de Tierras, porque no han dado a conocer los términos concretos en los cuales se ha pactado. Y además, porque cualquiera que se presuma asunto listo, se ve afectado por la cláusula final: nada está acordado hasta que todo no esté acordado. O sea: es un documento íntegro que se le presentará a la ciudadanía colombiana con el beneplácito del gobierno nacional de Colombia. De donde se colige que no hay resultados para mostrarnos. Y que deben acelerarse los diálogos para obtener el “tratado de paz” que servirá a la reelección de Santos. Si la figura administrativa y política de Santos se seca, el candidato del oficialismo santista es Germán Vargas.
La mayor aspiración del Secretariado de las Farc es participar en la vida pública, es decir, elegir y ser elegidos, ocupar cargos de representación en el Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales. Sus militantes de manera automática, ocuparían esos cargos mediante una “circunscripción electoral especial”. Por lo tanto los faracos obtendrán gratuitamente por varios períodos representantes en los cuerpos colegiados. Aquí comienza el nudo gordiano, el problema mayúsculo: los guerrillos que estén incursos en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio no pueden ocupar cargos públicos. Para obviar lo anterior, las Farc declaran que no están dispuestos a ir a la cárcel porque su lucha ha sido por el pueblo, es de carácter altruista que no es sancionable, sino lo contrario: deben ser perdonados, indemnizados y sujetos beneficiados como víctimas.
Farc y gobierno buscan una fórmula que les permita eximir de penas en prisión a los mandos altos y medios de la guerrilla: referéndum, dice el gobierno. Asamblea Constituyente, piden las Farc.- En el camino se encontraron con la providencia de la Corte Constitucional sobre el Marco jurídico para la Paz, obra del “abominable hombre de las leyes”, Roy Barreras. Ha dicho la Corte que “el mecanismo de suspensión total de la pena no puede operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra”. Y agrega la Corte:” es necesario exigir la terminación del conflicto armado, la entrega de armas y la no comisión de nuevos delitos en casos de desmovilización individual”.
Para confirmar su proyecto, Santos decide proponer una reforma a la ley estatutaria que ordena no mezclar las elecciones normales para congreso o para presidente. Pretende que el referendo se haga simultáneamente con las elecciones de cuerpos legislativos para Senado y Cámara de Representantes. Con esa pretensión coloca como asunto principal su referéndum, del cual todos desconocemos en este momento su contenido. Las preguntas a contestar con una incógnita. Está ensillando sin traer las bestias, como reza el dicho popular. Conociendo las marrullas presidenciales las preguntas serán sobre bloques enteros que dejen escondidos los puntos clave acordados con la guerrilla. Pero lo tramposo de la estrategia santista es minimizar, secundarizar y dejar sin importancia la participación de la oposición, porque el foco electoral, acompañado de una propaganda abrumadora (para eso van a vender a Isagén) será el referendo de Santos –Timochenco, unidos para derrotar a Uribe, al resto de de la oposición como Navarro y la Corte Penal Internacional. El referéndum es una trampa, tal como está siendo diseñado.
El panorama se complementa con le presentación de Santos ante la Asamblea de la ONU, donde pide que Colombia no sea mal vista ni sancionada porque no cumpla con el Tratado de Roma sobre la condena a las Farc por delitos atroces.
La paz podría lograrse mediante un pacto que no sea necesario llevar a referéndum, ni a Constituyente. Basta cumplir con las leyes nacionales e internacionales que indican que un grupo violento y terrorista, si manifiesta sus deseos de paz, será motivo de contactos y acuerdos con el estado sobre la base mínima de dejación de las armas, desmovilización y reconocimiento de sus obligaciones con las víctimas. El gobierno por su lado debe darle todas las garantías para la protección de sus combatientes y dirigentes. Que formen su partido o movimiento, que estará en igualdad con los partidos democráticos existentes. Pero el gobierno de Santos, quién sabe sobre cuáles secretos compromiso adquiridos, decide que las Farc son una fuerza beligerante similar al estado colombiano, y lleva a la mesa los temas y problemas de la nación colombiana como la tierra, la estructura de la administración pública, la economía, la propiedad y el sistema financiero, la lucha contra el narcotráfico, la composición y funcionamiento de la Fuerza Pública, la función y papel de las Altas Cortes y de la Justicia, temas que son problemáticos. Santos le entrega a las Farc (y así va a ser con el Eln) asuntos que pueden y deben resolver los colombianos en los estadios de la democracia y no en la mesa de los contradictores armados que no han ganado la guerra ni tienen apoyo popular.
Santos dirige un gobierno débil y desconcertado, sometido a una guerrilla que se le creció por sus propias inconsistencias. Las Farc, en su lucidez, han mantenido la iniciativa política en La Habana. El gobierno se sostiene en una pasividad contestataria, sin contenidos ideológicos, pobre de toda la pobrecía intelectual. Las Farc gozan del apoyo internacional de sus pares políticos. El gobierno de Colombia es un gallinazo despistado con discursos de gavilán pío-pío.
