Marcela Ruiz, subdirectora de Sostenibilidad de Corantioquia, celebra la aprobación del Tratado Internacional de Escazú por parte del Congreso de la República este lunes, 10 de octubre de 2022. Según dijo en Sinergia Informativa, este Acuerdo -que entró en vigencia el 22 de abril de 2021 como tratado para América Latina y el Caribe en torno al medio ambiente- es la ratificación de la participación como fundamento para los procesos de gestión ambiental.
“Las instituciones nacidas de la Ley 99 de 1993 y, por supuesto, de la Constitución de 1991, como las Corporaciones Autónomas Regionales, tenemos en el ADN los asuntos de la participación como elementos naturales y consustanciales al qué hacer institucional. Una de nuestras tareas es fortalecer los procesos de participación y generar los espacios para la toma de decisiones, tanto en la construcción del desarrollo sostenible como en la planificación ambiental del territorio y la administración de los recursos naturales”, explica Marcela Ruiz.
De hecho, entre los principios de la Ley 99 está planteado “que el manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, democrático y participativo”, además de establecer el Sistema Nacional Ambiental que habla de interrelación mediante mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil.
La Subdirectora de Sostenibilidad de Corantioquia precisa que la existencia de audiencias públicas antes de la ratificación en Colombia del Acuerdo de Escazú, ha tenido la diferencia de que la decisión popular no ha sido vinculante. Esa es la razón de la resistencia de amplios sectores económicos, sociales y políticos a la aprobación del Tratado: porque la participación, ahora sí es vinculante, lo cual demora la realización de proyectos que pueden ser contrarios a intereses económicos que soslayan el impacto ambiental.
Marcela Ruiz considera que el Acuerdo de Escazú es un gran progreso, incluso para Colombia que cuenta con una “Constitución Verde”, que es de avanzada en el marco regional, en el que no todos los países tienen los desarrollos normativos de Colombia en materia ambiental con apertura a la participación.
Escazú va más allá, permite el fortalecimiento institucional y, entre otras, abre el proceso de participación frente a los grupos étnicos, la protección de defensores ambientales, académicos, guardaparques y funcionarios, además contribuye a la prevención de conflictos sociales y ambientales.
El Tratado Internacional de Escazú pasará ahora a conciliación de Cámara y Senado y luego a sanción presidencial para convertirse en Ley de la República, después de lo cual, según la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhamad, se hará realidad en Colombia a través de cinco acciones a corto plazo:
• Política de manejo de información ambiental.
• Estrategia de acompañamiento a defensores ambientales.
• Ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales.
• Apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas.
• Sistema de información sobre conflictividad socioambiental.
Durante su campaña a la Presidencia de la República, Gustavo Petro se comprometió a sacar adelante el Acuerdo de Escazú en el Congreso, lo que se hizo realidad 63 días después de haber asumido como Jefe de Estado.
