Por: Jaime Jaramillo Panesso
El capítulo 39 de las conversaciones en La Habana comenzó con la entrevista publicitaria de Humberto de la Calle, jefe de la delegación oficial, entrevista que obró como estopín para que el gobierno y las Farc recuperarán puntos entre la ciudadanía, puesto que la impopularidad del Presidente Santos había llegado a los más bajos niveles, solo el 28% lo apoyaba. De inmediato las Farc jugaron a la política, más que a la guerra, y tiraron el salvavidas del cese unilateral de hostilidades. Como si fuera algo novedoso, Santos se puso a tono con las Farc y lanzó un hipotético plazo de cuatro meses para calibrar la determinación de la guerrilla. Aparece entonces la desescalada (desmontar despacio, silenciosamente, la acción militar del estado contra las Farc), es decir, aplicar una forma progresiva que conduzca al cese bilateral del fuego, de tal manera que no lo sienta la opinión pública, sino que se llegue a este punto donde, en su momento, se llamará “la solución del conflicto armado”. Lo demás es carpintería.
Llama la atención que sea desde Cuba donde las Farc pueden, mediante sistemas de comunicación combinados, tecnología comunicacional avanzada, ordenar ataques terroristas, implementar tácticas militares, enviar instrucciones inmediatas y recibir informes de los bloques y frentes de guerra, inclusive para aplicar o levantar el cese de hostilidades, con la complicidad y autorización del gobierno cubano. ¿Acaso la delegación fariana en La Habana posee aparatos de comunicación tan sofisticados que no son detectables por el estado cubano? ¿Es admisible en las relaciones diplomáticas entre dos Estados que en uno de ellos, donde dizque se está más cerca que nunca un proceso de paz, se permita ordenar y dirigir actos criminales a la oposición armada de otro Estado? Esto puede ocurrir si el Estado atacado, el colombiano, ha pactado con el contrincante violento y criminal, que está en libertad de llevar a cabo esos actos comunicacionales y tenga el beneplácito del gobierno cubano que los aloja. Política y tecnológicamente es inadmisible esta utilización de puestos y estaciones de radio, internet y demás instrumentos de comunicación que ponen en marcha ataques contra la tropa, los civiles y los bienes públicos y privados de Colombia.
En el desarrollo de esta película de la paz durante las últimas semanas, las narrativas están marcadas por declaraciones y reportajes optimistas que nada dicen si las Farc han cambiado de criterio respecto a la aplicación de la justicia en los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Tampoco vemos cambios en la entrega de las armas ni en los actos de desmovilización y concentración de sus hombres para efecto de verificación del cese unilateral y del reclutamiento de menores. Que para allá vamos, dice Santos en sus discursos y entrevistas. Mientras en los hechos reales el desminado bilateral es una tragedia y, a la vez, una comedia con la cual quieren cambiar la mala imagen de las Farc que tenemos la gran mayoría de los colombianos. Es la mermelada publicitaria e ideológica para que nos preparemos a cruzar estos cuatro meses de período de prueba, que incluye las elecciones de octubre. Como si los cincuenta años de martirio se nos hayan olvidado.
