Sigo leyendo y escuchando expresiones ofensivas de algunos servidores públicos, especialmente congresistas y concejales, sin temor a Dios y sin temor a la justicia.
En el caso del “Todo Poderoso”, entiendo que no le tengan miedo, porque para llegar al infierno, primero tienen que morirse, y mientras eso pasa, ellos son los que les hacen de sus vidas un infierno a sus víctimas con la infamia de sus mentiras, de sus abusos de autoridad, de sus injuriosos insultos y de sus calumniosas imputaciones.
Y como ganan aplausos, likes y réditos políticos, para ellos ese es el cielo mientras lo puedan gozar, al estilo del delincuente que la vive bien mientras se pueda, a sabiendas de que la cárcel o el cementerio pueden estar a la vuelta de la esquina.
¿Y por qué temor a la justicia si con una retractación a medias, con nuevas ofensas incluidas, deja tranquilos a los jueces?
Por eso quise ir más allá de la jurisdicción de los jueces constitucionales y penales.
Me encontré que el Código Disciplinario Único regula de forma directa la conducta de los servidores públicos y establece sanciones disciplinarias por actos que vulneren los derechos fundamentales, incluyendo la honra y la dignidad de las personas.
Encontré en el Artículo 34 el deber de los servidores públicos de obrar con respeto y diligencia para no lesionar derechos como la honra y la dignidad. En el 48, como falta gravísima, abusar de su autoridad o usar expresiones irrespetuosas, difamatorias o que atenten contra el buen nombre, la honra o la dignidad de una persona. Y en el 53 de ese Código Disciplinario Único, la amenaza de sanción para el que en el marco del respeto a la dignidad humana abuse de su posición o afecte injustificadamente los derechos de los demás.
Y en Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo encontré el deber de cuidado en las palabras de los funcionarios o servidores públicos, en términos de la honra y la dignidad de las personas.
Están el Principio de moralidad y respeto y el Principio de imparcialidad y debido proceso, que obligan a que toda actuación administrativa debe ser respetuosa, justa y garantista del derecho a la defensa y a la buena imagen de los ciudadanos.
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Esto, para los que no tienen temor de Dios, se suma al concurso de normas que existen contra la impunidad de los infames injuriadores y calumniadores, que son tan criminales con sus ametralladoras verbales como el sicario capaz de acabar con una vida.
