Por: Margarita Restrepo
La semana pasada fui designada como presidenta del ‘Parlamento Internacional para la Tolerancia y la Paz’, una organización internacional integrada por dirigentes políticos de distintas nacionalidades cuyo propósito, en el marco de la democracia, consiste en proponer iniciativas tendientes a consolidar una paz estable y duradera en los países que la requieren.
El ‘Consejo Global de la Tolerancia y la Paz’ -del que depende el Parlamento- tiene como visión el hacer los esfuerzos necesarios, complementarios a los que hacen los gobiernos, para difundir una cultura de tolerancia, respeto por la diversidad ideológica como plataforma para la búsqueda de la reconciliación.
Este consejo es un esfuerzo que se ha venido adelantando desde hace algunos años. Uno de sus órganos, el ‘Parlamento Internacional para la Tolerancia y la Paz’ se acaba de reunir en Podgorica, capital de Montenegro, antigua Yugoslavia. Allí nos encontramos parlamentarios, pensadores y dirigentes de más de 50 países. En la sesión plenaria fui designada como presidenta del mismo, honor que me obliga a redoblar mis esfuerzos para continuar adelantando iniciativas que apunten a construir programas concretos que garanticen paz estable y duradera, tal y como he hecho respecto de la situación colombiana.
No me he opuesto ni me opongo a la salida negociada e incruenta. Siempre que exista la posibilidad de llegar a un acuerdo político de una crisis, seré una promotora del mismo.
Pero ello no significa que se renuncie a principios fundamentales como la justicia y la reparación integral de las víctimas.
Los cheques en blanco en una negociación de paz son, en el corto plazo, la cuota inicial para nuevas manifestaciones de violencia. Eso es lo que estamos viendo en Colombia. El acuerdo ilegítimo del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc, no tiene ni 5 años de existencia y en buena parte de nuestra geografía no se ha dejado de sentir el rigor de la violencia de una guerrilla que ahora se presenta como “disidencias” o “primera línea”.
La ausencia de un modelo de justicia que le garantice a las víctimas una sanción mínima a los victimarios, que envía una señal inequívoca a la sociedad y que transmita el mensaje de que el delito y el crimen no pagan, imposibilitan de plano la edificación de un proyecto de paz que sea medianamente estable.
La falta de justicia dificulta que se cumpla el propósito de la no repetición, fundamento imprescindible para la consecución de la reconciliación.
En la plenaria que acaba de cumplirse, los miembros del ‘Parlamento Internacional para la Tolerancia y la Paz’ nos concentramos en temas de distinguida relevancia como el cambio climático y las perspectivas y desafíos que deben enfrentar la prosperidad social y la paz.
El debate franco, el intercambio de ideas, las reflexiones y el análisis reposado, conociendo puntos de vista de personas que han sufrido los rigores de la violencia en otras latitudes, son de incontable valor.
De esas experiencias podremos obtener insumos que nos permitan enriquecer nuestro debate interno. E igualmente, de las circunstancias que rodean la realidad nacional, expuestas sin apasionamientos y con todo el rigor que amerita servirán para que en otras naciones conozcan el caso colombiano y sustraigan de él lo que corresponda.
Asumo una gran responsabilidad y un compromiso a los que no seré inferior porque estoy segura que iniciativas como el ‘Consejo Global de la Tolerancia y la Paz’ pueden ser de un gran provecho para el país.
