Por: Jaime Jaramillo Panesso
Con un plumazo de ave negra, la inmarcesible Corte Constitucional borró la capacidad y la existencia del pueblo colombiano, estranguló el constituyente primario, al sentenciar que los ciudadanos no podemos modificar la Constitución, creada por el mismo pueblo, durante los próximos doce años en lo atiente al Acuerdo Final del 24 de noviembre del 2016.
Se trata de obliterar la voluntad del soberano del cual emana el poder del Estado y sus instituciones derivadas. ¿Dónde está la fuente del poder? Lo señala la misma Carta Magna en su artículo 3º: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece.” Y aunque los colombianos no elegimos directamente a nuestros magistrados, delegamos en el Congreso y en algunos gobernantes como los alcaldes, gobernadores y el Presidente, nuestra voluntad para que ejecuten las normas que correspondan a sus cargos.
¿Desde cuál altura magisterial la Corte Constitucional puede impedirnos que a futuro los colombianos, mayores de edad, podamos modificar, cambiar o expedir otra Constitución? En el concreto tema de los acuerdos con las Farc es evidente que va contra la realidad que los ciudadanos no podríamos “hacer chicuca” puntos agotados en su efectuación. Sería absurdo que se devolvieran las armas a sus portadores, que se anularan las amnistías a la tropa guerrillera, que se entregaran los niños a Timochenko, que ahora están en el ICBF o con sus familiares, que se anulara el partido de las Farc si están actuando bajo la ley. Pero con nuestros votos si podemos “hacer trizas” la JEP, la ponzoñosa Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEVCR) y otras lindezas financieras que son contrarias a un manejo responsable y honesto de la Hacienda Pública. “Hacer Trizas” es una manera hiperbólica de decir que estamos sumidos en el humilladero con los acuerdos y más concesiones desgajadas de aquellos firmones publicitados en medio autoalabanzas y juegos pirotécnicos con balas de verdad.
El blindaje contra el constituyente primario debiera ser el blindaje en favor de la CN y la población víctima de las guerrillas. No el presunto blindaje de las capitulaciones del gobierno en beneficio de los violentos y terroristas de las Farc y del Eln. Si la paz hubiera sido una paz fruto de un acuerdo nacional y no un maridaje entre dos cúpulas copuladoras, el AF Acuerdo Final no necesitaría estos calambures de los magistrados.
Lo señala el jurista constitucional José Gregorio Hernández: “El Acto Legislativo 2 de 2017, que la Corte declara exequible, es “un saludo a la bandera” porque nada impide que cualquiera de los próximos congresos, una asamblea constituyente o el pueblo mediante referendo decidan derogarlo….”
