Por: Jorge Mejía Martínez
Desde fines de la década del 90 en Medellín se empezaron a propiciar los pactos de no agresión y las mesas barriales de trabajo, de las que se apoderaron las bandas –oficina de envigado-. Entre 2002-2003 se consolidó el paramilitarismo luego de la Operación orión en la comuna 13, empañada por la connivencia de sectores de la fuerza pública y el paramilitarismo. Luego vino la desmovilización. Se configuró la llamada donbernabilidad o “hagámonos pasito” entre la débil institucionalidad y la criminalidad organizada. Cayeron los homicidios un 50%.
Los pactos de no agresión son de vieja data. En las últimas décadas con la anuencia de la municipalidad, con resultados precarios: no hubo sostenibilidad, porque la criminalidad no desfalleció, y se dio lugar a la creencia generalizada de que en Medellín “Delinquir si paga”: el Estado está más presto a darles la mano a los jóvenes problema y no a los jóvenes no problema.
La inconveniencia de los pactos de no agresión acolitados por la institucionalidad o la sociedad civil, estriba en la no existencia de un marco jurídico que encarrile cualquier intento para desactivar, por la vía de la negociación, la criminalidad organizada de Medellín y el Valle de Aburra. Por ello no pasan de ser intentos de buena voluntad, finalmente infructuosos. El gobierno nacional desaprovechó la negociación para la desmovilización de las AUC, para desmontar las bandas y los combos regulados por el paramilitarismo. Faltó voluntad para forzar el desmonte de todas las estructuras y actividades ilegales al servicio de las AUC.
No nos podemos resignar a esperar que la seguridad ciudadana en Medellín y los alrededores, sea el resultado de la decisión de las organizaciones criminales – de no agredir o no agredirse- y no de la acción decidida de las autoridades.
El gobierno nacional, al mismo tiempo que no acepta compromisos surgidos de los pactos de no agresión, supuestamente en marcha hoy en Medellín, debiera proceder a delimitar un marco jurídico que permita canalizar los intentos de buena voluntad dirigidos a detener cualquier tipo de confrontación que estimule la inseguridad de la población. Lo ideal es que la tranquilidad sea el fruto del ejercicio de la autoridad legítima, pero la realidad es que tenemos bandas organizadas de 10, 20 o más años, con miembros que allí envejecen, incólumes ante la voluntad de las autoridades.
