El senador Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán ratifica la crítica que ha venido haciendo en contra del presidente Gustavo Petro y su animadversión con el departamento de Antioquia. Ahora es la Agencia Nacional de Minería -ANM- la que le da un nuevo insumo para ello, al anunciar el rechazo al pedido de la Gobernación para prorrogar la delegación minera en el Departamento. Esto quiere decir que a partir del próximo 1 de enero de 2024 la potestad de otorgar títulos mineros para la exploración y explotación de minerales, fiscalizarlos y hacer seguimiento y control de los títulos y demás figuras que habiliten la explotación minera en el Departamento será de la ANM y no ya del gobierno de Antioquia.
El Senador conservador rechazó tajantemente esta decisión, a sabiendas de que Antioquia lo venía haciendo muy bien desde 2001 cuando se le otorgó dicha Delegación, que esperaba que se le hubiera prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025.
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“Antioquia posee el 11% de los títulos mineros activos del País y genera el 38% de las exportaciones mineras de Colombia. Esto nos devuelve 30 años en el tiempo y demuestra la intención centralizadora del Gobierno y abre una puerta gigante a la corrupción. ¡Ineficiencia pura desde la Presidencia!”, afirmó Echeverry Alvarán.
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Según el Senador antioqueño, la decisión de la ANM amerita una reunión urgente de toda la bancada parlamentaria antioqueña.
“No puede ser que el Gobierno nacional siga tratando a Antioquia con desprecio y cada vez la aparte más de todo. También quieren estatizar la comercialización del oro. ¡Están decididos a acabar con todo!”, sentenció.
La Agencia Nacional de Minería argumentó que es imposible prorrogar de manera permanente las funciones de una entidad pública del orden nacional en una entidad territorial. Se refiere a que las sucesivas prórrogas desde 2001 de la Delegación en cuestión, comportan un ejercicio permanente de una función propia de la autoridad minera nacional, o sea la ANM. Y, entre otras, agregó que el seguimiento a los procesos y procedimientos, así como la revisión de los actos administrativos proferidos por la Delegación antiqueña, ha evidenciado falencias en algunos de los aspectos asociados al cumplimiento de la función de fiscalización.
