La decisión del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de no aceptar la invitación del alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, de sentarse a la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central de las FARC, tiene el apoyo de quienes consideran que es coherente con su postura frente al proceso de Paz Total y la política de seguridad del presidente Gustavo Petro, además de que es consecuente con la posición del partido Centro Democrático, respecto de las negociaciones con la guerrilla.
Sin embargo, el abogado especialista en Derecho Público, David Suárez Tamayo, afirma que de acuerdo con los mandatos constitucionales de los artículos 2, 22, 95 y 305 de la Carta Política de Colombia, el Gobernador no puede soslayar las oportunidades de garantizar el derecho a la Paz de los antioqueños y que debería aprovechar escenarios de diálogo como el organizado en Yarumal este jueves, 20 de junio de 2024, para expresar su disentimiento con el grupo guerrillero y con el presidente Petro.
Suárez Tamayo precisó, además, que el Gobernador hubiera quedado mejor con el Departamento y con el anhelo generalizado de llegar a la Paz negociada -a la que no se llegará jamás militarmente- asistiendo a la reunión, en la que no había ningún compromiso de aprobar absolutamente nada.
