“La Política Criminal del País no está funcionando: hay que revisarla”. Esta es una de la conclusiones de la reunión realizada en la Universidad EAFIT con la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, a propósito del hacinamiento en las diferentes cárceles de la Ciudad, el Departamento y el País.
El subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, dijo que frente a la compleja situación de hacinamiento en las cárceles y estaciones de policía, hay que encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo, que permitan devolverles la dignidad a los internos y garantizarles una verdadera resocialización.
Sólo en las estaciones de Policía de Medellín hay 1.500 personas en situación de hacinamiento. Un ejemplo claro de lo que esto significa para la vulneración de los derechos humanos de quienes allí están recluidos, es que en la Estación Candelaria de Medellín, el espacio por interno es de tan sólo 56 centímetros cuadrados.
Antioquia es el departamento con mayor hacinamiento carcelario, pues de las 20 cárceles que hay en todo el territorio con una capacidad para 7.592 personas, actualmente hay más de 13.836 internos.
Por ejemplo, en la cárcel Bellavista de Bello, que tiene una capacidad para 1.191 reclusos, actualmente alberga a más de 3.200. En el centro de reclusión de Itagüí hay más de 1.200 internos, cuando su capacidad real es para 330 personas. Por su parte, en la cárcel de El Pedregal, que puede recibir a 1.200 personas, es habitado por cerca de 3.800, entre hombres y mujeres.
La Procuraduría General de la Nación avanza en cerca de 24 indagaciones preliminares en todo el País por la crisis carcelaria. Mientras que contra 28 alcaldes, entre ellos el de Medellín, se adelantan sendas acciones populares mediante las cuales se les exige que empiecen a adecuar los centros penitenciarios para darles mejores condiciones y calidad de vida a los internos.
