Por: Jaime Jaramillo Panesso
¿Desde la rama jurisdiccional se puede contribuir a la paz presunta que se negocia en La Habana? Es posible, por ejemplo, cuando se trate de aplicar la ley estatutaria que reglaría el acto legislativo o reforma constitucional denominado Marco jurídico para la Paz. Pero dadas las normas existentes, todos los colombianos, sin distinción de cargos u oficios, estamos obligados a acatar la ley que tiene como pináculo la Constitución Nacional.
El magistrado que preside la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos, sale a decir: “Ninguna institución jurídica puede ser obstáculo ni camisa de fuerza para impedir la construcción de la paz y, con ella, una sociedad más igualitaria e incluyente”. Bustos agrega que los compromisos de las partes en La Habana llevan a un acto de reconciliación, forzosamente, no un acuerdo de imposiciones sino de mutuas concesiones. Bustos tiene una vocación retórica para los lugares comunes con los cuales rellena su nueva presentación de estadista y gobernante y no de juez: desarmar los espíritus (los que están armados son los hombres enemigos del Estado, de manera ilegal, por supuesto), mirar hacia adelante (mirar hacia atrás es juzgar los crímenes cometidos), hay que ofrecer alternativas distintas al delito, etc.
El magistrado Bustos se mete en terrenos de la política y sobre todo en la coyuntura de la “paz” la que denomina un acto de reconciliación. ¿De cuál reconciliación Doctor Bustos? Según las Farc todos somos culpables del conflicto, incluido usted. Por lo tanto todos los colombianos debemos reconciliarnos entre nosotros mismos. Esta premisa fariana es similar a la referida a las víctimas, pues el total de ellas, incluidas las guerrillas, son víctimas del conflicto y no de los grupos armados ilegales. Una cosa es el acto de poner fin a la confrontación armada o acuerdo en el cual se entregan las armas, se desmovilizan los rebeldes terroristas y se acogen al Estado de Derecho. Y otra cosa es la reconciliación entre las víctimas y los victimarios. La gran mayoría de los colombianos nada tenemos que reconciliarnos con nuestros vecinos, amigos, familiares o conciudadanos desconocidos porque no los hemos ofendido, atacado o causado daños crueles e inhumanos. Acompañamos a las víctimas de la guerrilla, eso sí, porque son ciudadanos ofendidos que piden justicia y reparación a sus victimarios. El cuento ese de la reconciliación general, universal, porque somos unánimemente pecadores, es la trampa dialéctica para quedar en igualdad a los guerrilleros que, de esa manera alcanzan el sobreseimiento de la ciudadanía vencida por el argumento del magistrado Bustos, al cual habrá que dedicarle un busto por su contribución a la rendición de la nación.
Y hay que verlo en el retrato mismo en su despacho judicial, con su vestido azul de Prusia, corbata roja a rayas de tigre domado, camisa blanca de mancornas plateadas y portando un libro forrado en un cuero raído por el tiempo, un tomo de Derecho Civil, parte de la biblioteca a sus espaldas. Un escudito en la solapa izquierda del saco y su leve sonrisa del siglo de los jueces, como dijo uno de sus antecesores hace poco, Doctor Leonidas Bustos, para quien ninguna institución jurídica puede ser obstáculo ni camisa de fuerza para impedir la paz. Quiere decir que ni la Constitución ni las leyes pueden impedir los acuerdos hipotéticos de La Habana. ¿Cómo recibe un juez penal o promiscuo de municipio lejano esta afirmación cuando un campesino denuncie el reclutamiento de su hijo menor por la guerrilla? Dado el cese unilateral actual, tan cacareado por Santos y los generales, según las palabras de Bustos, ese delito es invisible, no existe porque prima “la paz”. Con una paz de este talante que irradian los altos poderes bogotanos, estamos sembrando más dolor y quién sabe si otra violencia sin perdón y sin reconciliación.
