Por: German Enrique Reyes Forero
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En los considerandos del Decreto 4975 de 2009 de la Emergencia Social, de los $1.8 billones que reclaman las EPS del Régimen Contributivo al FOSYGA por beneficios no incluidos en el POS, están los medicamentos cuyos valores exceden los precios de venta de los mismos laboratorios, según información que suministró la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos y de Investigación y Desarrollo –AFIDRO-, situación de la que el mismo Gobierno ha sido cómplice.
La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM) emitió la Circular #04 de 2006, para desregular el control de precios de medicamentos, en su afán de dar rienda suelta al mercado dentro de la llamada “confianza inversionista” y de congraciarse con las multinacionales en medio de la discusión del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos; entre ellos estuvieron 27 productos de los más recobrados, de los 52 desregulados. La danza de los millones y de los exorbitantes precios hoy no serán controlados con las Circulares 04 y 05 del pasado mes de noviembre, por las mismas imprecisiones que contiene, puesto que de 52 productos, tan sólo 26, cuyos principios activos son diferentes, y tan sólo 5 medicamentos podrán claramente ser sometidos a la llamada “libertad regulada” o a la “categoría de libertad regulada”[1]. Ha saltado la denuncia que ante la sobrefacturación del 600 ó 700%, las mismas EPS indujeron a los Comités Técnico-Científicos y a los mismos jueces a la autorización de estos medicamentos, como sucedió con Rituximab, Adalemumab, Infleximab, Trastuzumab (nombres de marca).
Hoy, el Gobierno es el responsable y así se desprende que con la regulación de precios que retoma sobre el medicamento ETANAR para la psoriasis, cuyo valor es de $482.627, que para el FOSYGA era de $376.114, hoy el gobierno ha congelado en $290.521, y debió evitar la defraudación; igual sucedió con EMBER, para la artritis reumatoidea[2]. Este control, tan sólo por estos dos medicamentos, representará en un año un ahorro de $10 mil millones de peso para el FOSYGA y $1.4 millones para los entes territoriales que responden por el Régimen Subsidiado. Luego, con estos ejemplos queda claro que el Gobierno dio rienda suelta a la defraudación, a sabiendas de que, con medidas de control y apoyado en los instrumentos y facultades que posee a través de la Comisión de Medicamentos, pudo haber evitado estos desbarajustes que no son responsabilidad de médicos, usuarios o jueces. Ni menos apelar al instrumento extraordinario de la emergencia.
