Por: Mauricio Zuluaga Ruiz
El 20 de agosto de 2002, el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, expidió la Directiva Presidencial Nº 10, dirigida a todos los ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, directores de unidades administrativas y directores, gerentes y presidentes de entidades centralizadas y descentralizadas del orden nacional, con el fin de dar instrucciones precisas sobre el Programa de Renovación de La Administración Pública: Hacia Un Estado Comunitario. En ella, el Jefe de Estado explicaba los procedimientos contemplados por su Gobierno para el corto, mediano y largo plazo en materia de transparencia, probidad, corrupción y en general, el direccionamiento estratégico sobre lo que sería el cambio de cultura en lo político y moral.
Con el fin de plantear esa nueva cultura, el Presidente prescribía las actuaciones necesarias en materia de transparencia e integridad en la gestión; planteaba por ejemplo que: “Por ningún motivo, y bajo ninguna circunstancia, el nombramiento de funcionarios públicos puede responder a transacciones, presiones o favores de tipo político o económico”. Del mismo modo y en forma enfática, el Primer Mandatario explicaba la “intolerancia absoluta con los funcionarios corruptos” y esgrimía el argumento que “si a algún funcionario de la (…) administración se le vinculara procesalmente con actuaciones corruptas, primaría el interés general y la estabilidad institucional”. Lo anterior, decía el Presidente en su Directiva “es de carácter eminentemente moral, y en ningún caso presume la culpabilidad del funcionario investigado”.
Las dos directrices anteriores, nombramientos políticos y corrupción, en realidad hoy día, casi seis años después, no dejan muy bien librado al Presidente de la República y muy por el contrario enarbolan la necesidad de revisar las conductas públicas para no caer en la veneración uribista y muy por el contrario, reclamar la moral, ética y probidad pública que otrora pensó el país llegaría por fin a Colombia, la anhelada meritocracia que nunca llegó.
Para ejemplificar lo anterior y mencionando sólo las cabezas a quienes iba dirigida explícitamente la Directiva Presidencial, vasta recordar al ex Ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño Hoyos y sus problemillas con las acciones de Invercolsa, al ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera, al Ex Embajador de Colombia ante Chile Salvador Arana, al ex Ministro del Interior y Justicia y actual Embajador de Colombia ante Roma Sabas Pretel de la Vega y al actual Ministro de la Protección Social Diego Palacio Betancourt, quien por cierto y según la Procuraduría, podría ser investigado por obstrucción al proceso. Esto para no mencionar a los congresistas uribistas hoy investigados, procesados, condenados y presos por los ya conocidos escándalos de la parapolítica en el país: “vayan votándome los proyectos de ley mientras los meten a la cárcel”.
Lo anterior demuestra que el presidente Uribe no ha puesto en práctica su propia directriz y ha hecho todo lo contrario, permitiendo que funcionarios investigados no sólo continúen en sus altos cargos sino que además se defiendan y hasta ataquen a la justicia a través de tutelas, por ejemplo. Lo precedente muestra que las normas se aplican según la conveniencia del momento del gobernante. El Presidente predica pero no aplica, la ley es para los demás.
Quizá no sea este el momento indicado para recordar la Directiva Presidencial Nº 10 y sus buenas intenciones de moralidad, transparencia y probidad, el fulgor nacional por el impecable rescate de la ex candidata Presidencial Ingrid Betancourt, los tres norteamericanos y los once miembros de la fuerza pública desbordan el clamor uribista como el mesías o el salvador divino y, que pese al emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) utilizado por un agente infiltrado en el rescate o las esquirlas que aún quedan del bombardeo al campamento de Raúl Reyes en Ecuador, mantiene una popularidad superior al 90%.
No obstante lo anterior, sí es necesario reflexionar sobre el gobierno incorruptible que prometió Uribe hace casi seis años, el poder concentrado luego de la reelección presidencial, los arreglos institucionales que demandaba la Carta Política debido a la reelección no fueron contemplados y hoy día tenemos un Jefe de Estado con el mayor poder institucional que haya tenido presidente alguno, inclusive ni en las épocas de Bolívar y Santander. Hoy día los constantes choques entre el Ejecutivo y las Altas Cortes de la Rama Judicial piden reflexión de todos los colombianos y reclaman la entereza, moralidad, transparencia y rectitud que debe caracterizar al Primer Mandatario del país.
Quizá sea el momento de pensar y ejecutar las soluciones estructurales que tanto demanda la Nación. No se puede predicar y pecar al mismo tiempo, el país reclama del Presidente Uribe coherencia en sus actuaciones, no podemos seguir llevando al país a tientas, por el camino de los sobresaltos, entre choques de trenes, locomotoras que no respetan la vía correcta y en medio de los escándalos nacionales y enemistades con los países vecinos, venir a tapar todo con la muerte de Reyes, el rescate de los secuestrados o el auge económico que ya comienza a avizorar recalentamiento y falta de políticas claras, estructuradas y estructurales, no inmediatistas y coyunturales, respondiendo a los vaivenes políticos y al poder cuasiabsolutista del Presidente Uribe.
