Por: Daniel Largo
Para construir el relato perfecto, la extrema derecha ha empleado dos argumentos falaces. En primer lugar, ha tildado al presidente de dictatorial, y luego ha atacado sistemáticamente a quienes profesan el progresismo, obstaculizando su acceso al gobierno nacional. Esto deslegitima y genera miedo infundado, mientras priva al gobierno de personas de confianza y aleja a los progresistas de la oportunidad de aprender a administrar el Estado.
La escasa formación política en Colombia ha dado lugar a que los grandes medios hayan implantado en una parte considerable de la sociedad una percepción errónea sobre el gobierno nacional. Fundamentalmente, se ha difundido la idea de que el Presidente es un dictador. Frente a esto, los ciudadanos comunes, que rara vez reflexionan sobre este concepto, repiten sin cesar esta noción, sin comprender realmente su significado. Es importante destacar que, entre otras características, una dictadura se define por:
1. Concentración del poder: El líder (dictador) ejerce un control absoluto sobre el gobierno y las instituciones del Estado.
2. Autoritarismo: Se basa en el ejercicio autoritario del poder, sin separación de poderes ni sistema de contrapesos.
3. Represión política: Se recurre a la represión para silenciar la oposición política, a menudo mediante la censura, detenciones arbitrarias y violencia física.
4. Culto a la personalidad: El líder se erige como la figura central y carismática del régimen, promoviendo un culto a su personalidad.
5. Ausencia de democracia: No hay elecciones libres ni competencia política genuina, ya que el dictador mantiene un control total sobre el proceso electoral.
6. Violación de derechos humanos: Se suelen vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo la libertad de expresión, asociación y reunión.
7. Control de medios de comunicación: El régimen manipula los medios de comunicación para difundir su propaganda y silenciar las voces críticas.
Es evidente que el presidente Petro no cumple con ninguna de estas características tan trascendentales. Sin embargo, es el relato de los grandes medios, promovido por una estrategia comunicacional deficiente a nivel nacional, lo que ha provocado que esta narrativa se arraigue de manera perjudicial en la mentalidad social.
Tras propagar esta narrativa, los grandes conglomerados de medios han dirigido su atención hacia todos los procesos de contratación del gobierno. Esto, de no ser por la animosidad y el resentimiento selectivo con el que actúan, podría considerarse incluso un ejercicio saludable de control político. No obstante, la premisa es simple: según ellos, nadie que sea progresista merece trabajar, contratar o formar parte del gobierno.
Con esta premisa, han transformado el derecho al trabajo prácticamente en un delito y el empleo en el gobierno en una mera sospecha. Para los principales formadores de opinión, guste o no, ser progresista es casi una felonía. Lo que esperan es que el progresismo, al llegar al poder, abandone por completo sus principios y gobierne alineado con la extrema derecha, es decir, con los únicos que, según ellos, tienen derecho a trabajar en Colombia.
La realidad es que la única manera de consolidar una base sólida que pueda aspirar a mantener el poder a largo plazo es cuando esa base puede acceder a la administración del Estado y comprender su funcionamiento. ¿Aprender? ¿Por qué no? La derecha en Colombia ha demostrado una forma de oposición estrambótica y sin cuartel. Cuando llegue su momento de regresar al poder, otra voz se alzará, porque entre las numerosas incertidumbres que implica la política, la izquierda democrática en Colombia no volverá a ser una fuerza disminuida en la política nacional.
Resumen:
En Colombia, la percepción errónea del gobierno, el estigma del progresismo y la influencia mediática se entrelazan armónicamente para estigmatizar brutalmente a los que profesan estas ideas políticas.
