Por: Margarita Restrepo
Quedé sorprendida cuando conocí un proyecto de ley en cuyo encabezado se lee que tiene el objeto de “regular el derecho fundamental a morir con dignidad, a través de la eutanasia…”. Pero mi sorpresa se transformó en indignación cuando fui enterada de que el proyecto fue diseñado y presentado por el ministerio de Salud, entidad que está en cabeza de Fernando Ruiz.
Desde siempre, me he declarado ‘provida’, lo que significa que estoy en contra de cualquier interferencia humana en procura de la muerte de uno de nuestros congéneres. Desde el instante mismo de la concepción, hasta el último momento de la existencia, debe garantizarse -ese sí- el derecho fundamental a la vida.
Me parece absolutamente reprochable la narrativa que ha venido incorporándose para efectos de entronizar a la eutanasia como un “derecho fundamental”. Nuestra constitución, que aún no ha sido derogada por los promotores de la muerte, es clara al indicar en el artículo 11 que “el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.
Rechazo y desde ahora anuncio mi total oposición al proyecto presentado por el ministro Ruiz a quien alguien debería refrescarle la memoria para que tenga presente que él hace parte de un gobierno elegido esencialmente por el Centro Democrático, partido que doctrinariamente se opone a cualquier práctica que contraríe el artículo 11 superior.
El proyecto del ministro Ruiz tiene 35 artículos y fue presentado para supuestamente cumplir una orden impartida por la corte Constitucional.
Más allá de las razones por las que el funcionario presentó el proyecto, me parecen lamentables algunas de las consideraciones que incluyó en la exposición de motivos un argumento a todas luces inaceptable: “Es necesario reglamentar la materia [eutanasia] a partir del reconocimiento de que indistintamente al individuo o la sociedad, hay personas concretas que en situaciones determinadas que prefieren morir a seguir viviendo en condiciones de sufrimiento y sin esperanza alguna de recuperación…”.
Aquel planteamiento es perfectamente rebatible en lo que se refiere a lo de la “esperanza de recuperación”. Hoy, gracias a los avances de la medicina hay pacientes con niveles aceptables de recuperación frente a enfermedades que hace pocos años eran prácticamente incurables. El Sida es un ejemplo de ello.
No viene al caso entrar en los detalles del articulado, que incorpora una colección de trámites y comités, como si se tratara de la expedición de una licencia comercial. Insisto: ese proyecto de ley debe ser implacablemente rechazado y, en consecuencia, hundido en el Congreso de la República.
Con ello, los legisladores, que somos los representantes del pueblo, le estaremos enviando un mensaje contundente tanto a la corte constitucional que impartió la orden de formular un proyecto de esa naturaleza, como al ministro de Salud quien claramente se equivocó y deberá, así mismo, asumir las consecuencias políticas de su error.
Colombia es un país que se ha opuesto a los atentados contra la vida. El aborto es permitido como consecuencia de una sentencia adoptada por unos magistrados que no fueron elegidos ni representan el sentir de la población. Si esa materia llegara a ser sometida a consideración popular, la inmensa mayoría se encargaría de acabar de una vez y para siempre la licencia que hay para acabar con la vida de los niños que se encuentran en etapa gestacional.
Similar suerte correrá el proyecto de la eutanasia cuya presentación es una grave, gravísima equivocación del señor ministro de Salud.
