El concejal de Medellín por la Alianza Social Indígena, Luis Bernardo Vélez, aclara que la seguridad de Medellín no sólo se debe medir con base en el número de homicidios. Dice que el problema fundamental lo constituye la pervivencia de grupos armados ilegales durante los últimos 20 años, los cuales han protagonizado alrededor de tres ciclos de violencia armada durante dicho período, y que estarían ad portas de un nuevo ciclo de violencia armada.
El Concejal reconoce que se han hecho múltiples acciones, como el aumento del pie de fuerza y la atención a grupos de jóvenes vinculados al conflicto a través del Programa Fuerza Joven. SE pregunta si las estrategias se han centrado más en la intervención posterior y menos en la prevención, pues considera que la apuesta del Estado debe apuntar a recuperar el control del territorio, garantizando los Derechos Humanos a través de un enfoque de seguridad humana, no militarista, que incluya la participación ciudadana en el diseño y control de las políticas de seguridad. Esto implicaría replantear la relación entre gobierno y comunidad.
“La salida al laberinto que trae las violencias pasa por medidas como respaldar la restricción al porte de armas; es un error fatal pensar que éstas sean sinónimo de seguridad y que el Estado no deba tener su monopolio exclusivo”, concluye el concejal Vélez, quien agrega que “requerimos mayor creatividad en las estrategias y, sobre todo, el compromiso de todos los actores sociales y políticos”.
