La situación del Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se torna muy difícil ante el anuncio de la oposición Liberal y del Polo Democrático Alternativo de no asistir a los debates alrededor de las reformas Política y a la Justicia, si es él quien las lidera. La afirmación la hace el polítólogo, Carlos Andrés Pérez, quien ha venido respaldando al Ministro en su decisión de no renunciar, argumentando que la responsabilidad penal es individual, refiriéndose al hermano del titular de la cartera política, Guillermo León Valencia Cossio, ex director seccional de fiscalías de Medellín, vinculado con alias “Don Mario”.
Carlos Andrés Pérez insiste en que el ministro Valencia Cossio es responsable por sus propios actos, pero precisa que la afirmación tiene todo el valor desde el punto de vista del Derecho.
Dice que son más de 40 años de vida pública y política que dan las mejores referencias. Habla especialmente de lo mucho que ha hecho en pocos días frente al Ministerio del Interior, a diferencia de lo que nada hizo su antecesor Carlos Holguín Sardi, quien dejó “aletargar” el Ministerio sin que haya quedado proyecto rescatable.
Sin embargo, desde el punto de vista de la Política, es injusto –reconoce Pérez- que el Ministro “tenga que pagar los platos rotos” debido a que la política tiene una dinámica diferente, y es ahora la oposición la que ejerce una presión que puede poner contra las cuerdas al hermano de quien imprudentemente se relacionó con personas non sanctas.
En el contexto político –diferente al del Derecho- aclara el analista que no es la figura del Ministro Fabio Valencia Cossio, en particular. Es cualquiera que la oposición pueda utilizar para ganar réditos que le permitan ventajas con mitras a las próximas elecciones.
Cambios a la Justicia propuestos por el Gobierno
El proyecto de reforma a la justicia contempla cambios sustanciales en el juzgamiento de parlamentarios y funcionarios del Gobierno.
La Fiscalía General de la Nación se encargará de investigar y recaudar pruebas para posteriormente formular la acusación ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, tribunal que emitirá el fallo de primera instancia, reveló el presidente del Senado, Hernán Andrade.
Después, los procesados podrán apelar la decisión ante un nuevo tribunal de última instancia. Se trata de la sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura que estará conformado por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y tres magistrados comisionados, uno por cada corporación.
No obstante, aclaró Andrade, la propuesta deja claro que la nueva norma no beneficiará a los congresistas actualmente salpicados en el escándalo de la “farcopolítica” y la “parapolítica”.
Propuesta para descongestionar la justicia: Teniendo en cuenta que muchos tribunales están congestionados por reclamaciones pensionales y otro tipo de beneficios, la reforma plantea que los funcionarios públicos no deberán negar derechos otorgados a través de sentencias pasadas sino acoger la jurisprudencia y evitar pleitos judiciales.
“Actualmente, algunos servidores públicos prefieren negar el beneficio (pensión) para que haya demanda y así demorar el proceso. Si hay un fallo previo debe acogerse”, explicó Andrade.
Restablecimiento de la Cooptación: Los magistrados se elegirán ellos mismos para garantizar la “independencia” y las ternas “prefabricadas”.
Nuevos requisitos para ser magistrados: La iniciativa propone 20 años de ejercicio profesional y 45 años de edad mínima para postularse. También se modifica la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años.
Cambios en elección de Procurador, Contralor y Auditor
Concurso público de méritos en el que podrán participar todos los interesados en ser: Procurador, Contralor o Auditor. “El Congreso convocará a un concurso de méritos para la selección de una terna que será sometida al Congreso en pleno, el cual hará la elección después de oír en audiencia pública a los candidatos”, dice el documento radicado en la secretaría del Senado.
