El concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, no está conforme con la multa de 140 millones de pesos impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud al Hospital La María. Dijo que la sanción debe ser proporcional al desfalco: luego del informe de la Superintendencia de Sociedades, se encontraron 35 hechos de corrupción, entre otros, el manejo irregular de 70 mil millones de pesos y la pérdida de 6 mil millones de pesos.
El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos dijo que le preocupa que los funcionarios responsables del desfalco que pertenecen al área administrativa financiera aun trabajen en el Hospital.
El concejal Guerra dijo que es inaudito que la Contraloría General de Antioquia no hubiera encontrado los hallazgos que encontró la Superintendencia Nacional de Salud.
Ante el documento de la Superintendencia, el Hospital emitió un comunicado en el que asegura que suspenderá todos los servicios de cirugía estética.
Éste es el texto de la Superintendencia Nacional de Salud:
Bogotá, junio 7 de 2017. La Superintendencia Nacional de Salud, reveló los principales hallazgos de la auditoría forense realizada al hospital público La María de Medellín, Antioquia. Se trata de más de 35 hallazgos que revelan graves hechos de corrupción al interior de la institución.
El análisis forense fue ordenado por el Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, tras recibir denuncias sobre presuntas prácticas irregulares que comprometían recursos del sistema de salud. Entre los principales hallazgos se encuentran:
Procedimientos quirúrgicos realizados a particulares no facturados: se identificaron 102 casos en los que se practicaron procedimientos estéticos y se suministraron medicamentos e insumos que nunca se facturaron por $130 millones. Se favorecieron de esta manera usuarios particulares, y familiares de los administradores del hospital.
Medicamentos y/o insumos facturados por menor valor: se hallaron 537 facturas de servicios prestados a particulares y empleados en los que se cobró un menor valor por este concepto cuya suma asciende a $64 millones.
Inconsistencia en el registro de inventario de farmacia: se estableció la omisión de los registros del almacén y la consecuente sub facturación de medicamentos e insumos.
Financiamiento de servicios de salud a particulares y empleados: durante el año 2015 y primer semestre de 2016 se identificó una cartera de $599 millones correspondiente a financiación de servicios de salud a pacientes particulares y algunos empleados. Se identifica de este valor, que el mayor porcentaje corresponde a financiación de servicios a particulares.
Manipulación en la facturación de venta de servicios médicos y procedimientos quirúrgicos: se identificó alteración de los registros del sistema de facturación respecto al número de procedimientos prestados a pacientes particulares y los facturados. Se realizaban anulaciones, eliminación de registros y modificaciones no autorizadas sobre facturas, recibos de caja, entre otros, encontrándose diferencias por valor total de $1.901 millones.
Facturación de servicios a pacientes fallecidos: se identificó la existencia de 35 casos de facturas expedidas por valor de $36 millones por servicios médicos prestados a pacientes que registran estado de fallecido con más de 2 meses de anterioridad a la fecha de emisión de la factura.
Tercerización laboral: se evidenció que más del 70% de los funcionarios de la E.S.E que desarrollan labores misionales permanentes corresponden a contratación tercerizada de servicios profesionales mediante la suscripción de contratos principalmente con dos asociaciones sindicales. Durante 2015 y 2016 la relación contractual fue por valor de $24.000 millones, de los cuales ya se han ejecutado $17.000 millones. Dicho valor representa 5 veces el total de costos y gastos de personal de la nómina.
Vulnerabilidad en los sistemas de información: la ausencia de controles facilitaron la manipulación intencional de la información de los procesos de facturación, cartera e inventarios que permitió que se presentaran las prácticas irregulares mencionadas.
Alteración de estados financieros: existen importantes diferencias entre los recaudos de cartera y los ingresos percibidos por facturación a través de las cuentas bancarias de la E.S.E y que se reflejan en los libros oficiales por valor de $10.485 millones para el año 2015.
Dada la gravedad de los hallazgos, la Superintendencia Nacional de Salud abrió un proceso administrativo en contra del ex gerente de la E.S.E William Marulanda Tobón que culminó con la imposición de una sanción en primera instancia superior a los $140 millones (200 SMLMV) por la omisión en el cumplimiento de las funciones relacionadas con el manejo de los recursos públicos. En la investigación se pudo constatar que el señor Marulanda no fue diligente ni transparente en el uso, gestión y conservación de los recursos del sistema de salud como se evidencia a través de los hallazgos de la auditoría forense.
Adicionalmente, la entidad dio traslado de la totalidad del informe de auditoría a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia.
