Por: Jaime A. Fajardo Landaeta
Algunos sectores políticos, en especial del Uribismo, avanzan en la firme intención de no dejar gobernar al presidente Santos, hasta el exceso de torpedear las actividades públicas que preside. Su obsesión los ha llevado a la ofensa personal presentada como reproche generalizado, y al extremo de hacer reuniones en Medellín para orquestar el saboteo a las intervenciones presidenciales.
A esta actitud se suma la manera como se pretende desconocer la trascendencia de su gestión en diversas áreas. Si fuéramos a evaluar el tema de la seguridad en Colombia en los últimos meses, podríamos afirmar que aunque existen nubarrones, es innegable que los logros en muchos frentes superan los del gobierno anterior, aunque ya eran dirigidos y coordinados por Santos.
Los golpes más significativos al Secretariado de las Farc, a los mandos medios y a las estructuras de los frentes se los ha propinado la fuerza pública en los últimos años. Igual a jefes del narcotráfico y las Bacrim. Pero nos vendieron la idea de que era inminente la derrota militar de la guerrilla, precisamente cuando ésta asimiló la política de seguridad democrática –en 2008- y acudió a la estrategia de la guerra de guerrillas y a moverse en pequeños grupos.
Santos debió introducir ajustes en la política militar y de seguridad que el gobierno anterior no concretó, y mantiene la ofensiva sobre los grupos ilegales, a tiempo que abrió la opción de un diálogo con las Farc que, aunque avanza con inexplicable lentitud, ofrece resultados. Pero éstos también han sido objeto de manipulación por parte de los detractores de oficio.
Es claro para cualquier analista del conflicto que el mejor momento para una negociación es cuando el Estado ha logrado revertir en su favor las condiciones militares, así no haya dominado totalmente y militarmente al adversario. Esas condiciones se dieron y el gobierno actual supo interpretarlas para dar inicio a este proceso. Es de los procesos de diálogo y negociación de paz con mayor cálculo político, que se ha producido en el país.
Pero la oposición terca y malintencionada emite mensajes orientados al fracaso de los diálogos, cuando propala que en Cuba se negocia la institucionalidad del país. Curioso: en su momento ella maltrató y desconoció la Constitución del 91 y ahora pretende fungir como su más dedicada defensora. La reelección presidencial, en el periodo anterior, fue una ofensa a nuestra carta política.
La extrema derecha acude a métodos aborrecibles para desprestigiar un gobierno que si bien tiene problemas de gestión, ha concretado reformas progresistas y democráticas. Echa mano del vulgar abucheo para proyectar una supuesta imagen negativa. Pude contar a no más de 30 personas, en su último acto, claramente aleccionadas para hacerlo. Me preocupa hasta dónde puede llegar en su obcecación, pero estoy seguro de que lo único que la puede detener es la defensa férrea y unánime que haga la ciudadanía del gobierno Santos, y que al unísono le advierta ¡NO PASARÁ!
