La Junta Directiva y la Gerencia de EPM han decidido demandar por 9.9 billones de pesos a los consorcios diseñador, constructor e interventor del Proyecto Hidroeléctrico Ituango –Hidroituango- por su presunta responsabilidad en la contingencia sufrida por el Proyecto el 28 de abril de 2018.
EPM estima que el daño emergente y el lucro cesante, consecuencia de la contingencia, asciende a 9.9 billones de pesos, razón por la cual se ha visto en la obligación moral y legal de poner en conocimiento de las autoridades el presunto detrimento.
El daño emergente se produjo en maquinaria, préstamos, intereses, atención a las 4.000 personas afectadas rio debajo de la presa y pagos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- y el lucro cesante se refiere a la venta de energía, entre otros, que debió empezar a generar utilidades desde la puesta en marcha de la Hidroeléctrica, el 28 de noviembre de 2018.
De acuerdo con la Junta Directiva de EPM que preside el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se identificó que el consorcio diseñador Generación Ituango (compuesto por Integral y Solingral S.A.), el consorcio constructor CCCI (integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H) y el consorcio interventor Ingetec-Sedic, conocieron durante el desarrollo constructivo del Proyecto que había problemas para cumplir correctamente con el “Hito de entrada en operación comercial de las unidades de generación” y que las recomendaciones, decisiones y acciones que se tomaron, trajeron consigo un riesgo que, a la postre, condujo al colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) y que obligó a gestionar un manejo sin precedentes de los riesgos ambientales, sociales y de infraestructura siniestrada al interior de la Casa de Máquinas.
Antes de la demanda por 9.9 billones de pesos, EPM agotará el requisito de la conciliación con los consorcios involucrados en el presunto detrimento. Espera que el proceso tarde tres meses y que su duración máxima sea hasta el 10 de noviembre de 2020. Si no se logra la conciliación, será el Consejo de Estado el que dirima la controversia económica entre EPM y los consorcios demandados.
EPM solicitó la participación de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado para que el proceso de conciliación se realice de manera adecuada. Un Procurador Delegado será el encargado de coordinar la conciliación entre las partes en controversia.
