Por: Margarita Restrepo
Desde que se hizo público que el Gobierno estaba dialogando con las Farc en La Habana, planteé que debía exigirse como condición para el inicio formal de las negociaciones la desvinculación de la totalidad de los niños en poder de la guerrilla.
No era en absoluto admisible que se pudiera negociar con un grupo que mantenía menores de edad en sus campamentos y no solo eso: que continuaba reclutándolos en diferentes puntos de la geografía nacional.
Al preguntarle al doctor Sergio Jaramillo sobre esa situación, él con total desparpajo e insensibilidad me respondió formalmente que como las “partes” decidieron negociar “en medio del conflicto”, el Gobierno no tenía manera de impedir que las Farc cesaran la comisión de sus delitos, incluido el reclutamiento de forzado de menores.
Todos los crímenes que comete la guerrilla son graves, pero el reclutamiento de niños es especialmente sensible y delicado. Por eso, causó profunda indignación la respuesta que en su momento fue proveída por el señor Alto Comisionado para la Paz.
El deber suyo, como responsable de la paz en Colombia era el de lograr, al precio que fuera, que la guerrilla dejara de engrosar sus filas criminales con niños y no lo hizo. El deber suyo era el de presionar a las Farc para que los liberara y tampoco lo hizo.
El reclutamiento forzado es una práctica sistemática en la guerrilla. La Fiscalía General de la Nación tiene documentados más de 11.500 casos entre 1975 y 2014.
Existen múltiples evidencias de que en las filas de esa organización terrorista hay miles de niños y por eso preocupa la estrategia de encubrimiento que se ha puesto en marcha con la complicidad del Gobierno Nacional.
A través de Timochenko se dijo que en la guerrilla había un total de 23 menores. Esa cifra es perfectamente mentirosa y obliga a que se enciendan todas las alarmas. Lo he denunciado y lo reitero de manera insistente: preocupa que estemos de cara a una macabra operación de desaparición forzada de los menores que están en la guerrilla.
Urge que se haga una veeduría, pero sobre todo es fundamental que se deje de mentir sobre este delicado asunto.
Las Farc designaron a unos voceros en el Congreso para que defiendan sus intereses. Pues bien, esos voceros deben ponerle la cara a la ciudadanía y comprometerse con la desvinculación de todos los niños que hay en los campamentos de los terroristas a los que ellos representan.
Así mismo, debe hacerse un acuerdo de orden nacional, en el que estemos involucrados todos los sectores de la sociedad: si en un plazo perentorio los niños no son liberados, los cabecillas de las Farc deberán perder todos los beneficios de impunidad que Santos les otorgó.
Celebro que la labor que he venido liderando desde el Centro Democrático para visibilizar la tragedia de los menores que fueron sacados de sus hogares para ser llevados a las filas terroristas de las Farc empiece a tener eco en distintos sectores de la sociedad. Las Naciones Unidas lo han manifestado a través de distintos pronunciamientos: un Estado que no protege a sus niños es un Estado fallido.
En manos de todos está el impedir que el drama de los menores reclutados por las Farc tenga un epílogo catastrófico: Timochenko y sus secuaces, con tal de borrar las evidencias del crimen que cometieron, no tendrán ningún inconveniente en ordenar que estos sean asesinados y sus cuerpos desparecidos. Llevo advirtiéndolo durante tres años y espero que no sea muy tarde.
