Alfaro Martín García
Finalizando el siglo pasado, hace escasos nueve años, se pronosticaba desde diferentes tribunas una crisis en el sistema educativo, dos razones de peso hicieron creer que así sería… y así fue. Una de ellas es la poca acogida que tienen las facultades de educación para la formación de futuros docentes y la otra, la calidad de la educación demostrada en diferentes pruebas que aplica el Ministerio de Educación en las distintas etapas académicas a los educandos.
La calidad de la educación no es la misma de años atrás; en épocas pasadas, los docentes se formaban en las Normales Superiores y en las escasas facultades de educación que existían, donde con rigurosidad aprendían y se apropiaban del conocimiento y la pedagogía a utilizar. Ante la escasez reiterada de docentes, el gobierno legisló, autorizando que cualquier profesional entrara al ejercicio de la docencia impartiendo su conocimiento específico sin importar si sabía de pedagogía o no. Frente a esta descomunal permisividad, cabe hacer la pregunta: ¿Qué tal si algún día se agotan los médicos y entonces el gobierno autoriza a ingenieros, arquitectos y abogados para hacer cirugías de corazón abierto?
En la administración pública, muchos gobernantes le han prestado poca atención al tema educativo, algunos andan muy preocupados por ampliar, embellecer y dotar los colegios y las escuelas de la mejor silletería y de las mejores herramientas pedagógicas; pero, gran parte de su preocupación y de los grandes esfuerzos están enfocados a mostrar instituciones bonitas con fachadas hermosas, pero sigue quedando a un lado la calidad del conocimiento impartido y la verdadera formación de los estudiantes.
Es hora de pensar en la dignificación de la profesión docente, preocupándose más por la capacitación de los docentes, por renovar la planta docente y ofrecer a las nuevas generaciones de educadores unos salarios dignos de quienes en la universidad se gradúan como cualquier otro profesional.
Hace bastante rato se publica en diversos medios de comunicación, la noticia de que en el departamento de Antioquia hacen falta mil (1.000) docentes en escuelas y colegios. ¿Será por la escasez o por una mala gestión administrativa? De todas formas es innegable que los docentes que faltan han afectado profundamente la calidad de la educación en Antioquia, porque tristemente muchos niños y jóvenes se han tenido que quedar en sus casas o recorriendo calles mientras se piensa en resolver el problema. A lo anterior debe agregarse que, en el último concurso de méritos realizado por la Administración Departamental con el fin de cubrir las vacantes existentes, muchos de los concursantes, ante su mala preparación, se rajaron, impidiendo el nombramiento en propiedad de docentes para estas plazas.
Con el fin de buscar una salida al problema educativo en el departamento, se debe pensar en decretar una emergencia educativa que ayude a salir de esta crisis y que permita que en todos los rincones de Antioquia el derecho a la educación sea una realidad y no un programa de gobierno escrito y/o diagramado. Administrativamente no se debe pensar sólo en presentar cifras que demuestren que se está cumpliendo amplia cobertura antes que cifras; se debe demostrar que la educación como un derecho adquirido está llegando a toda la población.
