El exfiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, asegura que quien tiene la razón en el enfrentamiento entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, es el Presidente porque en la Constitución Política de Colombia existen tres casos en los cuales el Presidente de la República puede darle órdenes al Fiscal: en materia de información sobre lucha contra el crimen organizado, en el manejo de la Paz y en el manejo del orden público .

“El Presidente le hizo al Fiscal General una petición absolutamente legítima: le solicitó que no dejara en la impunidad graves violaciones a los derechos humanos”, asevera el exfiscal Montealegre.

Precisamente, el rifirrafe reciente entre Presidente y Fiscal se origina en el requerimiento que el Jefe de Estado le hizo a Barbosa sobre la presunta omisión dolosa de la Fiscalía en investigar el asesinato de 200 personas a las que la Fiscalía supuestamente no protegió y ni siquiera les avisó a sabiendas de que sabía de las amenazas.

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Eduardo Montealegre agrega que Francisco Barbosa sistemáticamente se ha negado a investigar las graves violaciones a los derechos humanos en Colombia y se ha negado a investigar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

“Aquí, quien ha subvertido la Constitución, el orden jurídico y el marco legal es el Fiscal General, quien se niega a cumplir las decisiones legítimas basadas en la Constitución y en la Ley, dictadas por el Presidente de la República”, concluye Montealegre.

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Precisamente, el presidente Petro aceptó el llamado de atención que le hizo la Corte Suprema de Justicia sobre la importancia de respetar la independencia y la autonomía de la Rama Judicial y, de contera, de la Fiscalía General de la Nación. Pero sentenció que no guardará silencio frente a las gravísimas denuncias que llevaron al rifirrafe entre él y Barbosa.

El exfiscal Eduardo Montealegre dice enfáticamente que la del fiscal Francisco Barbosa fue una cortina de humo para tapar, con un supuesto escándalo de enfrentamiento con el Presidente, “la bancarrota moral y ética de su nefasta administración”.