Con la firma de todos los ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro fue expedido el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, por medio del cual se decreta el estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo, que comprende los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, además de los municipios del área metropolitana de Cúcuta (Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander y los municipios de Río de Oro y González) y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, en el departamento del Cesar.
Este Decreto se fundamenta en el artículo 213 de la Constitución Política que dispone que «en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República».
Como fundamentos fácticos están la presencia en la Región del Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los Grupos Armados Organizados residuales (GAOr) Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) conocido como los «Pelusos» y con la amenaza de ingreso del Clan del Golfo.
Es un hecho también que los municipios de Norte de Santander pertenecientes a la región del Catatumbo concentraban, según el reporte para 2023 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), 43.178,86 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales el 63,3% (27.329,49 hectáreas) estaba ubicada en los municipios de Sardinata y Tibú. Desde entonces, dichos cultivos se han incrementado, habida cuenta de la reactivación del mercado de la coca para fines ilícitos.
También es cierto que el ELN ha incrementado sus ataques y hostilidades contra la población civil y, especialmente, contra los firmantes del acuerdo final de paz en la región del Catatumbo, lo cual es promovido y financiado, entre otros, con los recursos provenientes de las actividades y economías ilegales en esta región. Según fuentes de Inteligencia, desde el departamento de Arauca, el ELN envió integrantes del Frente de Guerra Oriental hacia la región del Catatumbo para fortalecer su presencia y ejecutar las acciones criminales que empezaron el 15 de enero de 2025, con homicidios (381 con corte a 21 de enero, incluidos cinco firmantes del acuerdo final de paz), desplazamientos (36.137 personas, con corte a 22 de enero) y desapariciones forzados y lesiones personales en contra de la población civil, lo que ha generado una grave e imprevisible crisis humanitaria que compromete, entre otras, a poblaciones especialmente vulnerables como el pueblo indígena Barí, líderes sociales, campesinos, niños, niñas y adolescentes.
Producto de esta crisis humanitaria, diferentes funciones esenciales del Estado se han visto gravemente afectadas, entre ellas, la prestación de servicios públicos, los servicios de notariado y registro, el acceso a la justicia, la educación, los servicios sanitarios y los servicios de alcantarillado y acueducto; así como la actividad industrial y comercial de particulares que proveen bienes y prestan servicios de importancia estratégica para la región y el país.
Debido a la gravedad de la situación, caracterizada por el aumento de la violencia, la crisis humanitaria, el impacto en la población civil, las amenazas a la infraestructura crítica y el desbordamiento de las capacidades institucionales, se hace imprescindible la adopción de medidas extraordinarias como el Estado de Conmoción Interior, que permitan conjurar la perturbación, restablecer la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, así como garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
