Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
No es que quiera ser pesimista, pero la realidad de este país supera las ansias de que las cosas mejoren, que por fin, sino paz, cada vez haya menos grupos alzados en armas que no causen tanto dolor a los colombianos, porque una cosa debe quedar clara: con los acuerdos logrados con las Farc, automáticamente, como nos lo han querido mostrar, no habrá paz en este país, quedan varios grupos delincuenciales en actividad, pero por sobre todo, muchísimas necesidades sociales no resueltas por el Estado, cuya solución básicamente son las que determinan que haya una verdadera paz. El desafortunado secuestro en el Catatumbo en días pasados de la periodista colombo-española, Salud Hernández Mora, que escribe en los periódicos El Mundo de España y El Tiempo de Colombia, respectivamente, deja otra vez en evidencia el olvido del Estado en muchas zonas del país. Quedó claro que el gobierno incumplió los acuerdos que suscribió para conjurar “el tal paro agrario” en el año 2103 con los campesinos del Catatumbo y estos anuncian otro paro por las mismas razones: impera la pobreza, la desolación y la criminalidad en esta zona y el 70% de la población vive en la pobreza, lo cual contrasta con el mismo porcentaje de la población en Colombia que según el presidente hace parte de la clase media.
Así no se quiera aceptar este es un país en apuros: desde que comenzaron los diálogos de paz con la guerrilla no cesan las críticas a los mismos y muchas hechas con razón. La última y tal vez una de las más encarnizadas es la realizada al llamado blindaje jurídico al elevar a la categoría de Acuerdo Especial lo pactado con la guerrilla, lo que evidentemente no consulta el derecho foráneo y que claramente se erige como un favor a la guerrilla, hasta el punto de que se les está dando la posibilidad, impensable antes, de que puedan redactar artículos de la Constitución ¡y en su beneficio!
El Procurador General tilda de sinvergüenzas al presidente y al Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y el presidente le dice al Procurador que él no está por encima de la ley.
El gobierno nacional, en cabeza del Ministro de Agricultura, tiene casada una pelea con el Fondo Nacional del Ganado, el cual preside José Félix Lafaurie, hasta el punto que ya la Supersociedades ordenó la liquidación de dicho fondo, según el ente oficial por malos manejos en su administración.
En días pasados, el presidente de la república, salió a decirle al principal dirigente de oposición que dirige el Centro Democrático, que en este gobierno no había dirigentes del gobierno encarcelados y que la familia presidencial era una familia decente, en clara alusión a los inconvenientes legales que tienen los hijos del ex presidente padre de la seguridad democrática.
Algunos periodistas de los principales diarios escritos de Colombia, como María Isabel Rueda, Mauricio Vargas y Salud Hernández Mora, también han sido cuestionados por el presidente, por sus constantes y bien ponderadas críticas al mal llamado proceso de paz.
De la corrupción, la pobreza, el desempleo, la carestía en muchos productos de la canasta familiar, los grupos armados ilegales que a las claras mandan en diversas zonas del territorio nacional (remember el paro de hace varias semanas decretado en varias zonas por el clan Úsuga), las consecuencias de la suspensión de la fumigación de la coca con glifosato, la reforma tributaria que se avecina, entre otros muchos, mejor ni hablar.
Varios frentes de batalla pues tiene abiertos el gobierno nacional con otros sectores bien sean políticos, empresariales, periodísticos o institucionales, todo por cuenta de un denominador común: las críticas o la no aceptación abnegada de los diálogos con la guerrilla, todo el que se oponga es blanco de distintas consecuencias.
Mientras todo esto ocurre es bastante laxo con los grupos guerrilleros. Para nadie es un secreto que los beneficiados con estos diálogos de La Habana (con este especial proceso de paz) son las Farc más que la sociedad colombiana, cada vez se queda más perpleja la opinión pública de las concesiones que se le hacen al grupo guerrillero, lo del Acuerdo Especial es clara muestra de que es así, para el que tenga dudas que mire la popularidad que tiene actualmente el presidente, y si es verdad como se dijo en días pasados, que el carácter de Acuerdo Especial de lo acordado para que hiciera parte del bloque de constitucionalidad es una exigencia de la guerrilla desde el 9 de noviembre de 2012, fecha en que se lo notificó al Comité Internacional de la Cruz Roja, apague y vámonos, la farsa no puede ser mayor.
El ELN, tiene la ventaja de que secuestra y que su legítimo opositor no le va enrostrar ni a llamar por el nombre los actos criminales que ejecuta.
No entiendo cómo se habla de conseguir la paz, cuando es el mismo gobierno el que tiene abiertos varios frentes de batalla con distintos sectores en el país, todo por cuenta del natural escepticismo que generan las concesiones a los grupos guerrilleros.
