Acoger los nombres de Jorge Iván Palacio, Alberto Preciado Arbeláez, Sandra Suárez Pérez y los demás miembros de la nueva Junta Directiva de EPM que designe el alcalde y presidente de la Junta, Daniel Quintero, es el deber del gerente General del Grupo Empresarial, Álvaro Guillermo Rendón, quien precisa que de igual acogida y respeto había sido objeto la dimitente Junta.
Rendón López aclara que de ninguna manera la Junta saliente se había convertido en “una piedra en el zapato” para la nueva administración. Su renuncia se debió a que la Organización emprendió acciones legales, sin su “consideración”, contra los contratistas de Hidroituango por su presunta responsabilidad en el daño emergente y el lucro cesante por 9.9 billones de pesos.
“El Alcalde lo que hizo a su llegada fue ratificar a los miembros de la Junta Directiva porque allí estaban representados los distintos sectores de la sociedad. Fueron ellos los que de manera inesperada presentaron la carta de renuncia en reparo a la decisión que tomamos oportuna y responsablemente con la Organización y con los antioqueños”, explica.
El Gerente insiste en que la Junta dimitente sí sabía que EPM debía proceder legalmente antes de que se agotaran los términos, pues desde el día siguiente al momento de la ocurrencia de la contingencia de Hidroituango, el 28 de abril de 2018, empezaron a contar dos años para su caducidad, lapso en el que había que empezar a ejecutar las acciones de responsabilidad contractual y extracontractual…
El tiempo límite original se cumplía el 29 de abril de 2020. Sin embargo, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Gobierno Nacional suspendió los términos, extendiendo el tiempo de caducidad hasta el 13 de agosto.
Si EPM no hubiera acudido a la acción legal que generó la renuncia de la Junta Directiva, un día después de este término hubiera aceptado tácitamente que los errores constructivos de Hidroituango habían sido su responsabilidad y, por tanto, sería EPM la que tendría que responder con sus propios recursos, entre otros, a través del cobro de servicios públicos más altos. Pero, además, EPM se convertiría en sujeto de procesos de responsabilidad fiscal, disciplinaria y, eventualmente, penal.
Por eso, el Gerente de EPM afirma rotundamente: “No había opción. Había que interrumpir ese término que estaba llegando a la caducidad; de no haberlo hecho, hubiera dejado a la Organización sin la posibilidad de ningún tipo de reclamo”.
Enfatiza EN que sí había consciencia en la Organización de la necesidad de actuar y que los miembros de la Junta estaban estudiando alternativas, como la conciliación, alternativa que se tuvo en cuenta.
“Y lo intentamos con Integral. Pero decidimos que un conversatorio en una mesa no resuelve de fondo el problema, teníamos que llevarlo necesariamente ante una autoridad, que es el Procurador Delegado ante el Tribunal Administrativo. La conciliación no es un acto litigioso o contencioso, es una oportunidad que nos hemos dado las partes para revisar la pruebas que estamos aportando y que cada uno evalúe la cuota de responsabilidad que pudo haber tenido. Si después de superados los tres meses no se consigue llegar a un acuerdo, ahí sí debemos llegar al debate jurídico”, explica el Gerente.
Respecto de las críticas provenientes de sectores políticos y empresariales, como el Comité Intergremial de Antioquia, fundadas en que la decisión de demandar a diseñadores, constructores, interventores y aseguradoras por su presunta responsabilidad en la crisis de Hidroituango y el daño emergente y el lucro cesante para EPM por 9.9 billones de pesos, Álvaro Guillermo Rendón afirma que como servidor público le corresponde ser respetuoso frente a todas las expresiones.
Pero invita a la opinión pública a que evalúe, porque el reparo no debe ser porque una Junta haya renunciado intempestivamente, sino que todos deben unirse para defender a EPM, que es el patrimonio de todos y no puede permitirse que se debilite.
“Y si hay reparos en el comportamiento frente a un gran proyecto como Hidroituango, reparos que ya están planteados en términos de procesos de presunta responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria, nosotros como Organización tenemos el deber de plantear nuestro propio debate… Y que presentadas y evaluadas las pruebas, la Justicia defina qué cuota de responsabilidad le cabe a las partes involucradas en el proceso”, precisa.
En todo caso, Álvaro Guillermo Rendón destaca que la decisión tomada está en el marco de las competencias del Gerente General, “porque el Representante Legal y Judicial de la Empresa es el Gerente General. La competencia no es de la Junta”. Por eso, le ha dado poderes al Vicepresidente de Asuntos Legales para que lleve a cabo la representación jurídica, con la firme convicción de que están actuando ética y razonablemente en defensa de los intereses generales de los antioqueños.
