Por: Orfa Nelly Henao
La salud es un derecho constitucional fundamental autónomo. Ya no es un derecho que puede ser tutelado recurriendo a su conexidad con el derecho fundamental a la vida. Éste es uno de los principales logros contenidos en la Ley Estatutaria de Salud sancionada en febrero por el Presidente de la República y el Ministro de Salud.
Uno de los más importantes alcances de esta Ley -cuyo fundamento para su aprobación en el Congreso y posterior sanción por parte del Gobierno, fue la Sentencia de la Corte Constitucional C-313 de 2014-, es su mayor jerarquía sobre la Ley 100 de 1993, lo que, como ya dije, le da a la salud el carácter de fundamental con autonomía y le quita el espíritu mercantilista que le imprimió la Ley de Seguridad Social, tan difícil de reformar en 22 años, precisamente por los intereses económicos vinculados a ella.
Ahora, la Ley Estatutaria de Salud busca favorecer aún más la esencia solidaria y dignificadora de la salud, conforme con los principios de nuestro Estado Social de Derecho. Y para materializar estos principios y derechos constitucionales que pretenden el bienestar general de los colombianos a través de la prestación eficiente, suficiente y oportuna de servicios públicos como el de la salud, es necesaria su sostenibilidad fiscal a cargo del Estado y no de los pacientes.
¿Qué se puede esperar, entonces, del Estado frente a la situación financiera de una EPS como Savia Salud, que con su creación en 2013 se le adelantó a la Corte y a la nueva Ley, con el objetivo de garantizar la continuidad en el servicio de sus afiliados más vulnerables, con calidad, oportunidad y eficiencia?
La respuesta es obvia: su millón 700 mil afiliados al régimen subsidiado no esperan otra cosa distinta al compromiso solidario del Estado, que debe velar por el bienestar general mediante la prestación de servicios públicos como el de la salud. Si esa solidaridad tiene que ser principio obligado para las EPS privadas, con mayor razón lo será para una EPS Mixta como Savia Salud, en la que los socios principales son la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, y su operadora, aunque privada, es una Caja de Compensación Familiar sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria y creada para mejorar la calidad de vida de las familias de los trabajadores.
La EPS Mixta Savia Salud nació con el compromiso de las administraciones de Medellín y de Antioquia de mantener en alto el nivel de atención a sus beneficiarios. Nació para implementar un modelo de gestión orientado hacia la articulación de las políticas públicas de salud, priorizando la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
Pero hoy, dos años después de su creación, la EPS Mixta Savia Salud tiene problemas de liquidez, afectando la red de servicios de salud para atender con calidad, oportunidad y eficiencia a su millón 700 mil afiliados en todo el Departamento.
El diagnóstico del problema está claro: su gerente Carlos Mario Ramírez ha dicho que la iliquidez se debe, entre otras razones, a que no ha recibido cerca de 90.000 millones de pesos por servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud –POS- los cuales la EPS ya le pagó a la red de salud y, en consecuencia, Savia Salud tiene una deuda de 220 mil millones de pesos, según corte hecho el pasado 28 de febrero.
Esos dineros que le deben a Savia Salud, según su Gerente, deben ser cubiertos por la Gobernación. Pero hemos sabido que la Gobernación no cuenta con esos recursos, razón por la cual el Gobierno Nacional debería hacerlo de manera subsidiaria.
Por lo que nos permite concluir esta información preliminar, el Gobierno Nacional no sólo es responsable solidario, en el sentido del principio constitucional que entraña nuestro Estado Social de Derecho, sino responsable financiero en la loable tarea de ayudar a Savia Salud a resolver su iliquidez.
Al parecer, la directivas de Savia Salud y los representantes de nuestros gobiernos Local y Departamental –empezando por el Gobernador que envió una carta al Presidente de la República solicitándole su concurrencia con los 90 mil millones de pesos en la financiación de los servicios no incluidos en el POS- no han logrado doblegar la voluntad de los ministros de Salud y de Hacienda.
Por eso es tan importante que los congresistas antioqueños -en representación de los diferentes partidos, pero especialmente, en representación de los intereses de los seis millones 300 mil habitantes de Antioquia- intervengan con sus buenos oficios ante el Gobierno Nacional.
Si prestamos atención a la cifra total poblacional del Departamento, podemos inferir que el millón 700 mil usuarios del régimen subsidiado de la EPS Mixta Savia Salud, corresponde a un altísimo porcentaje que tiende a resultar seriamente afectado por la situación financiera de le EPS Mixta: se trata de un 27 por ciento de antioqueños que depende ahora de la gestión que nuestros parlamentarios hagan ante el Gobierno Nacional.
Estamos seguros que esas personas y sus familias terminarán reconociéndoles a sus congresistas la voluntad con la cual asumieron el problema, y su capacidad política para convencer al Gobierno del papel preponderante que le toca desempeñar en su solución.
Lo mejor es que podrán hacer su gestión en un contexto en el que el Gobierno ya sabe cuál es su papel en su compromiso, de acuerdo con la Ley Estatutaria de Salud, para la prestación eficiente, suficiente y oportuna de ese servicio público que ya es un derecho constitucional fundamental autónomo. Se supone que su sostenibilidad fiscal estará a su cargo, especialmente cuando son evidentes las dificultades económicas de entidades que nacieron para ayudar a materializar los fines y los principios constitucionales del Estado.
La EPS Mixta Savia Salud se extiende como un brazo solidario del Estado al que no hay que imponerle coerción para que cumpla, porque por encima no está su rentabilidad económica, como históricamente ha ocurrido con las EPS privadas. Las actuaciones de Savia Salud se rigen por la práctica de “la solidaridad” y “el interés general” como principios que deben ser garantizados a todos los colombianos para cautelar sus derechos, y con mayor razón, a quienes han demostrado su alto grado de vulnerabilidad económica y social.
Hay suficientes razones constitucionales, legales, políticas, administrativas, sociales y humanas, para contar con la participación comprometida de nuestros congresistas en el remedio económico y financiero de Savia Salud.
